Milei busca reformar la Constitución para eliminar el Senado bonaerense

La Libertad busca conseguir la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2027 y antes de resolver candidatos, el partido de Javier Milei ya trabaja en una serie de proyectos que cimenten su campaña electoral. El objetivo de máxima es muy ambicioso: llevar adelante una reforma constitucional.

Y el primer paso llegó en los últimos días, con un proyecto del diputado provincial Héctor Gay para eliminar el Senado bonaerense. “La única manera de hacerlo es reformando la Constitución”, aseguró el legislador libertario -exPRO- a TN.

En la misma línea, Gay descartó que pueda tratarse este año. “El peronismo no está de acuerdo, con lo cual las chances de esto, mientras esté el gobierno peronista en la Provincia son muy escasas”, señaló.

Tiempo atrás, el exintendente de Bahía Blanca presentó un proyecto que hacía hincapié en las autonomías de los municipios, que también necesita una reforma constitucional.

La cuestión de fondo es que la idea libertaria es llevar a cabo una reforma constitucional, en caso de ganar la elección del año que viene. “Hay que tener el apoyo del oficialismo, si no no hay chances”, indicaron en las filas de LLA a este medio.

El primer paso: eliminar el Senado bonaerense

El proyecto legislativo propone habilitar una reforma constitucional parcial en la provincia de Buenos Aires, enfocada exclusivamente en el funcionamiento del Poder Legislativo.

La iniciativa declara la necesidad de modificar artículos de la Constitución provincial vinculados a la organización de la Legislatura y establece la convocatoria a una Convención Reformadora, que será la encargada de redactar y aprobar los cambios.

El objetivo central es avanzar hacia un sistema unicameral, en reemplazo del actual esquema de dos cámaras. De acuerdo con el texto, la Convención deberá sesionar por un plazo máximo de 120 días, aprobar la reforma con el voto de dos tercios de sus integrantes y limitarse a tratar únicamente los artículos habilitados por la ley.

Además, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo provincial deberá convocar a elecciones de convencionales constituyentes dentro de los 120 días posteriores a la promulgación de la norma.

En ese contexto, el proyecto sostiene que avanzar hacia un sistema legislativo de una sola cámara permitiría mejorar el funcionamiento institucional. Entre los principales argumentos, menciona la posibilidad de bajar los costos de funcionamiento, reducir la estructura política y técnica, acelerar el tratamiento de leyes y hacer más claro el posicionamiento de cada legislador al momento de votar.

La iniciativa también cuestiona el esquema actual al señalar que el paso de los proyectos por ambas cámaras suele extender los tiempos parlamentarios. Según ese diagnóstico, muchas propuestas quedan demoradas en el ida y vuelta legislativo, lo que impacta en la capacidad de respuesta del sistema político.

A partir de esa mirada, los impulsores plantean la reforma como una vía para dotar de mayor dinamismo y eficiencia al proceso de sanción de normas.

Un debate que se proyecta hacia 2027

En los fundamentos, además, se citan experiencias de otras provincias que ya funcionan con Legislaturas unicamerales, como Córdoba, San Luis y Tucumán. Esos casos son utilizados como ejemplo para sostener que el cambio es posible tanto desde el punto de vista institucional como operativo.

La propuesta, sin embargo, no se limita a un planteo aislado. Se inscribe dentro de una estrategia más amplia que La Libertad Avanza busca consolidar en la provincia de Buenos Aires, que haga las veces de campaña electoral.

En esa línea, dirigentes del espacio ya venían instalando la discusión sobre la necesidad de reducir el tamaño del Estado a nivel provincial. Dentro de ese paquete de reformas, la unicameralidad aparece como una de las apuestas centrales de cara al escenario electoral de 2027, junto con otros ejes como la implementación de la Boleta Única de Papel y la limitación de las reelecciones indefinidas.

La eliminación del Senado bonaerense y el riesgo para la democracia: mayor concentración de poder

La iniciativa impulsada por el espacio de Javier Milei para eliminar el Senado bonaerense y avanzar hacia un sistema unicameral no es solo una reforma administrativa. Se trata de un cambio estructural que impactaría de lleno en la dinámica de poder dentro de la provincia más grande del país.

El proyecto, presentado por sectores de La Libertad Avanza, plantea modificar la Constitución provincial para suprimir una de las dos cámaras legislativas, con el objetivo de reducir costos, agilizar el tratamiento de leyes y simplificar el funcionamiento institucional.

Sin embargo, detrás de esos argumentos emerge una discusión más profunda: qué se gana y qué se pierde cuando se elimina uno de los principales mecanismos de control político.

Actualmente, el sistema bicameral —compuesto por Diputados y Senado— funciona como un esquema de doble revisión. Cada ley debe atravesar ambas cámaras, lo que permite corregir errores, introducir cambios y generar consensos más amplios. Este proceso, aunque más lento, actúa como un filtro que modera decisiones apresuradas.

La eventual eliminación del Senado implicaría acelerar los tiempos legislativos, pero también reducir instancias de control. En un esquema unicameral, el partido que logre mayoría tendría mayores facilidades para avanzar con su agenda sin necesidad de negociar en una segunda instancia parlamentaria.

Este punto abre interrogantes sobre el equilibrio de poder. Sin una cámara revisora, el margen de acción del oficialismo podría ampliarse significativamente, lo que para algunos analistas representa un riesgo de concentración política.

Otro aspecto clave es la representación territorial. El Senado, en muchos sistemas, cumple la función de equilibrar el peso de las distintas regiones. Su eliminación podría reforzar el predominio de los distritos más poblados, en particular el conurbano bonaerense, en detrimento del interior de la provincia.

Desde el oficialismo libertario sostienen que el modelo unicameral ya funciona en otras provincias, como Córdoba o Tucumán, y que su implementación permitiría una política más ágil y menos costosa. No obstante, especialistas advierten que la escala y complejidad de la provincia de Buenos Aires plantean desafíos distintos, donde la necesidad de controles puede ser mayor.

Además, el argumento del ahorro fiscal aparece como relativo. Si bien la reducción de una cámara implicaría menos cargos y estructura, el impacto sobre el gasto público total sería limitado, lo que relativiza su peso como solución económica.

La reforma, de concretarse, requeriría un proceso complejo: la declaración de necesidad de modificación constitucional, la convocatoria a una Convención Constituyente y la aprobación de los cambios por mayorías especiales. Un camino que, además de técnico, es profundamente político.

En ese contexto, la discusión excede la coyuntura electoral y se proyecta como un debate sobre el diseño institucional de la provincia. La pregunta de fondo no es solo si el sistema puede ser más rápido o más barato, sino si puede seguir siendo igual de representativo y equilibrado.

La tensión entre eficiencia y control vuelve así al centro de la escena. Y, como suele ocurrir en política, la respuesta no es sencilla: avanzar hacia un esquema más ágil puede implicar, al mismo tiempo, resignar parte de los contrapesos que sostienen la calidad democrática.