Milei busca aval del Congreso para pagarle a fondos buitre y reabre el debate por la deuda heredada

El gobierno de Javier Milei enviará al Congreso un acuerdo para pagarle a fondos buitre que continuaban litigando contra la Argentina por la deuda en default de 2001, en una decisión que vuelve a generar polémica por el uso de recursos públicos para cerrar viejos conflictos financieros.

Se trata de dos grupos de acreedores que nunca aceptaron los canjes realizados en las últimas décadas y que contaban con fallos firmes a su favor en la Justicia de Estados Unidos. Durante años, estos fondos avanzaron con pedidos de embargo sobre activos argentinos en el exterior.

El acuerdo, ya firmado por el Ejecutivo, deberá ser aprobado por el Congreso en los próximos días. Aunque no se difundieron oficialmente los detalles, se estima que el monto a pagar sería inferior a los US$ 200 millones, luego de que parte de la deuda ya fuera cubierta mediante embargos previos.

Uno de los grupos está liderado por Attestor y reúne a otros fondos internacionales, mientras que el segundo tiene como principal actor a Bainbridge. Ambos habían logrado avanzar judicialmente sobre fondos argentinos depositados en el exterior, en el marco de una causa que se tramita en Nueva York bajo la órbita de la jueza Loretta Preska.

Desde el oficialismo justifican la decisión como una forma de cerrar definitivamente los litigios pendientes del default. Sin embargo, la medida genera cuestionamientos, ya que implica destinar recursos del Estado para cumplir con acreedores que rechazaron todas las instancias de reestructuración de deuda.

El episodio reabre una discusión de larga data en la Argentina: hasta qué punto es conveniente negociar con los llamados “fondos buitre”, que suelen comprar deuda en default a bajo precio para luego litigar y reclamar el pago total en tribunales internacionales.

La historia reciente muestra antecedentes similares. En 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina pagó más de US$ 9.000 millones a holdouts para salir del default, una decisión que también generó fuertes críticas por el impacto fiscal.

A pesar de los distintos canjes realizados en 2005, 2010 y la reestructuración de 2020, que lograron una adhesión superior al 95% de los acreedores, un grupo minoritario mantuvo sus reclamos y continuó judicializando la deuda.

Ahora, la administración de Milei vuelve a optar por el camino del pago para cerrar ese frente. Pero la decisión llega en un contexto de ajuste económico y caída del poder adquisitivo, lo que amplifica el costo político de destinar dólares a saldar deudas con fondos internacionales.

Además, el acuerdo permitió frenar temporalmente medidas más extremas, como posibles embargos sobre activos estratégicos del país, entre ellos acciones de empresas públicas. Ese riesgo funcionó como uno de los principales argumentos del Gobierno para avanzar con la negociación.

Con el envío del proyecto al Congreso, el oficialismo buscará respaldo para una medida que, aunque apunta a resolver un conflicto judicial histórico, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: quién termina pagando, una vez más, la factura del default argentino.