Declararán las cuatro mujeres a las que Manuel Adorni les debe dinero
Dos están citadas para el lunes y otras dos para el miércoles en calidad de testigos, pero con el secreto fiscal levantado y advertencias sobre qué pruebas deben llevar a Comodoro Py.
La investigación judicial sobre el patrimonio y las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ingresará en una etapa decisiva este lunes, cuando comiencen a declarar bajo juramento de verdad las mujeres identificadas como acreedoras de hipotecas sobre dos departamentos del funcionario.
Se trata de operaciones que se analizan en la investigación del fiscal federal Gerardo Pollicita por el supuesto enriquecimiento ilícito de Adorni. Para este lunes a las 9 y a las 11 están citadas como testigos Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio. Son madre e hija y figuran como prestamistas de 100.000 dólares al Jefe de Gabinete, quien puso como garantía una hipoteca sobre su primer departamento en la calle Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco. El jueves último y a pedido de Pollicita, el juez federal Ariel Lijo, a cargo del caso, levantó el secreto fiscal sobre ambas.
El miércoles será el turno de otras dos testigos: en esta ocasión, las jubiladas que le vendieron a Adorni su nuevo departamento —sin desprenderse del anterior—, esta vez en Caballito. El funcionario escrituró con hipoteca entre privados, les pagó 30 mil dólares y quedó debiendo 200 mil a saldar en noviembre próximo, sin intereses. A Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo también se les levantó el secreto fiscal.
Sobre las cuatro testigos se pidió información fiscal, patrimonial y económica a ARCA para establecer si tenían capacidad económica para justificar los “mutuos, créditos y/o garantías hipotecarias que surgen de la documentación reunida” en la causa.
En particular, se requirieron detalles de su situación fiscal, declaraciones juradas impositivas presentadas, ingresos declarados, bienes y activos, facturación —si la hubiere— y “toda otra constancia útil para verificar la efectiva existencia, magnitud y sustento económico de las acreencias y financiamientos vinculados, entre otros, con las operaciones relativas a los inmuebles” de Adorni.
Pero para el día de la citación, el fiscal les hizo saber, sobre todo en el caso de las vendedoras de la calle Miró, que tienen que llegar a tribunales listas para facilitar el acceso al contenido de sus teléfonos celulares, “incluyendo mensajes, audios, correos electrónicos, imágenes y registros de llamadas vinculados a las operaciones investigadas”.
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