Gregorio Dalbón denunció a Patricia Bullrich y a su hijo por presuntas irregularidades en la cadena Tostado

El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia judicial para que se investigue a Patricia Bullrich y a su hijo, Francisco Langieri, propietario de la cadena de cafeterías Tostado, por los presuntos delitos de evasión tributaria, lavado de activos y asociación ilícita. El expediente recayó en el Juzgado Federal N.º 4, a cargo del juez Ariel Lijo.

Además de Bullrich y Langieri, la presentación judicial incluye a Fernando Goijman, socio minoritario de dos de las sociedades bajo investigación: Tostado Franquicia S.A. y Tostado Branding S.A..

La denuncia se apoya en un informe periodístico difundido por Tomás Méndez, que expone presuntas irregularidades en el funcionamiento del grupo empresario. Según esa investigación, la red de locales gastronómicos declararía ingresos superiores a los 63 millones de dólares anuales, al tiempo que acumularía cheques rechazados. Además, una de las sociedades de Tostado tendría domicilio legal en una propiedad ubicada en Beruti al 3800, en la Ciudad de Buenos Aires, dirección vinculada a Bullrich.

“Durante años muchos evitaron avanzar porque se trata de una persona con poder. Nosotros no”, afirmó Dalbón en declaraciones periodísticas. El abogado sostuvo que se trata de la tercera causa de gravedad que involucra a la funcionaria en el actual contexto político y remarcó que la denuncia apunta a un entramado de relevancia penal que requiere una investigación integral.

De acuerdo con la presentación judicial, alrededor de la marca Tostado existiría una compleja estructura societaria conformada por múltiples empresas y franquicias. En ese marco, Dalbón destacó la coincidencia de domicilios, la falta de información pública sobre el capital inicial y el rápido crecimiento del grupo empresario, que hoy contaría con más de 70 locales.

“La expansión se habría producido en un lapso relativamente breve, alcanzando un valor económico de millones de dólares, sin antecedentes públicos de financiamiento bancario relevante ni trayectoria empresarial previa que expliquen razonablemente ese crecimiento”, sostiene el escrito.

La denuncia también señala que las firmas involucradas registraron cheques rechazados por falta de fondos, una situación que, según el abogado, contrasta con la magnitud económica que exhibe el grupo y podría indicar desmanejos financieros, subfacturación o simulación de solvencia.

El grupo Tostado cuenta además con presencia en Uruguay, Brasil, Estados Unidos y España, por lo que Dalbón solicitó que se investiguen las operaciones comerciales internacionales. Según planteó, la multiplicidad de sociedades y franquicias podría permitir fragmentar ingresos, trasladar costos entre firmas vinculadas y ocultar la verdadera dimensión del negocio.

Entre las medidas de prueba requeridas, el denunciante pidió que la Justicia intime a Langieri y a su socio a presentar la documentación societaria y contable correspondiente y que, en caso de incumplimiento, se ordenen allanamientos. También solicitó la intervención de la Unidad de Información Financiera para analizar los movimientos bancarios y financieros del grupo, y de la Inspección General de Justicia para que informe sobre la composición societaria y las autoridades de las empresas investigadas.

La causa quedó ahora en manos del juez Ariel Lijo, quien deberá evaluar las medidas solicitadas y definir los próximos pasos de la investigación.