Federico Sturzenegger confirmó que el Estado financiará el nuevo fondo para despidos y que la reforma aplicará a cualquier relación laboral

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó que el nuevo sistema de fondeo para indemnizaciones, incluido en el proyecto de reforma laboral presentado por el presidente Javier Milei, “es plata que está poniendo el Estado“, y que todos los cambios en las condiciones de trabajo se aplicarán, inclusive, a los empleos contratados con anterioridad a la ley.

“Es un cambio en la ley y aplica a cualquier relación laboral. Estamos clarificando la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), y la LCT aplica a todo el mundo” en el sector privado, precisó el funcionario, al expresar los puntos salientes de la iniciativa, que cambia 57 artículos de la legislación, y elimina otros 9. Además, expresó que, dentro de los cambios en las indemnizaciones, en las que se incentiva la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que surge de “la baja del gasto y de la motosierra, que nos permite bajar impuestos”.

“En el contexto de este proyecto de modernización laboral, el ministro de Economía dijo ‘voy a poner parte de esta baja de impuestos al mercado laboral’. Eso va a implicar una baja de los impuestos al trabajo del 3%. El empleador los tiene que poner en un Fondo de Asistencia Laboral, que es un fondo de ahorro previo para hacer frente las contingencias”, explicó, acerca del instrumento.

“Es plata que está poniendo el Estado, le está bajando lo que pagaba el empleador. Hay una parte que el Estado no se lleva, y lo que no se lleva queda del empleador para hacer frente a esas contingencias judiciales y los despidos”, completó, durante una entrevista realizada por Eduardo Feinmann en radio Mitre.

“Ese fondo va a ser del empleador. Se va a tener que colocar en ciertos instrumentos que van a estar diseñados para preservar el valor, que sean relativamente seguros”, dijo, y citó, como antecedente: “Nosotros tenemos un antecedente que es el fondo de la UOCRA, donde también los empresarios hacen una pequeña contribución, es un poquito más alta porque hay más rotación laboral”.

Además, diferenció lo que ocurre con los empleos preexistentes a la ley de reforma a los que surja a partir de los nuevos empleos, con incentivos específicos para la contratación de jóvenes. “Lo que es para nuevos trabajadores es una cosa que se llama el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que es básicamente un régimen de incentivo a la formación laboral. Para las empresas que aumentan su nómina laboral, van a tener una reducción bastante fuerte en los impuestos al trabajo y las cargas que pagan”, puntualizó.

Cómo quedarán las indemnizaciones

Por otro lado, expresó que cualquier indemnización establece que se aplicará el pago de un salario mensual “por año que trabajaste”. “En la comparativa internacional, es uno de los regímenes más generosos que hay. Son pocos los países que lo tienen así. Lo que los empresarios nos decían que no es un problema eso, pero sí cuando se tiene algún momento de litigio, que hace pasar de los 5 años a 20 años, generando una incertidumbre”, puntualizó, acerca del objetivo de reducir y simplificar la litigiosidad.

De acuerdo a la nueva ley, en su artículo 245, si una empresa despide a un trabajador sin una causa justificada, el pago de indemnización equivale a un mes de sueldo por cada año trabajado en la empresa o, si trabajó menos de un año, por cada período mayor a tres meses.

Para calcular este sueldo, se toma la mejor remuneración mensual habitual y normal que el trabajador recibió en el último año (o en el tiempo que haya trabajado si fue menos de un año).

Sin embargo, se reducen fuertemente los costos de la indemnización que percibirá un trabajador. No se incluyen en este cálculo los pagos que no son mensuales, como el aguinaldo, las vacaciones o premios que no se paguen todos los meses. Además, existe un tope: la base usada para calcular la indemnización no puede superar el triple del promedio de los sueldos del convenio colectivo que le corresponde al trabajador. Este tope nunca puede ser menor al 67% del sueldo mensual normal y habitual, calculado según estas reglas.

“Hemos tratado de tipificar bien con el fin de evitar esos grises, porque aparece el margen del litigio. Otro tema que aparece una incertidumbre muy grande la tasa de esos juicios. Ahí había una creatividad y diversidad que hacían los jueces, y la ley estipula como se hace esa actualización. El empresario que entra a una relación laboral no enfrenta una incertidumbre tan grande”, planteó el ministro.

Cambios en las vacaciones, licencias y horas extras

Para Sturzenegger, “la gente pide flexibilización en beneficio del trabajador”, algo que el proyecto contempla mediante acuerdos mutuos entre partes.

En ese marco, Sturzenegger aseguró que la reforma no elimina las horas extras, sino que introduce el sistema de banco de horas, una herramienta que, según explicó, permite una gestión más flexible de la jornada. “Nos tenemos que quedar dos horas más, vamos a hacer dos horas más y no vengas el viernes a la mañana”, ejemplificó, sobre el caso de una hipotética relación entre un empleado y su jefe.

El ministro indicó también que esta modalidad posibilita que las empresas y los empleados acuerden cómo distribuir el tiempo de trabajo, siempre en base al consenso de ambas partes. “La flexibilización de las vacaciones también requiere acuerdo mutuo”, agregó.

Por otro lado, al referirse a la reincorporación de empleados tras una enfermedad prolongada con alguna licencia médica que se extienda por meses, manifestó que la nueva ley facilitará la reubicación dentro de la empresa. “La empresa debe ofrecerle un puesto, aunque no necesariamente tiene que ser el mismo que ocupaba antes”, sostuvo el ministro, al advertir que se perderían derechos adquiridos en estos casos.

En este punto, el 212 LCT define que el empleador puede reducir categoría, salario y jornada, en caso de incapacidad parcial acorde a las nuevas tareas.

El texto enviado al Congreso tras semanas de negociaciones —firmado por el gobierno de Javier Milei— incorpora, según Sturzenegger, precisiones y nuevas figuras en la Ley de Contrato de Trabajo. Uno de esos puntos es la “visión federal” de la reforma, afirmando que busca corregir el “centralismo porteño” que se aplica en el sistema de la negociación colectiva entre los sindicatos y empleadores, lo que permitirá ajustar salarios y condiciones a las realidades geográficas o específicas.

“Los gobernadores, en la última reunión, dijeron que por fin alguien está pensando en nosotros y en una visión federal. El costo de vida es mucho más bajo en algunas provincias, y el salario se obliga a poner es el mismo salario de Zárate o Campana. La capacidad que tengas a nivel provincial o por empresa va a crear el empleo que necesitamos en el resto del país”, defendió Sturzenegger.