El tema de fondo es la inflación

¿Por qué un gobierno que acaba de ser plebiscitado por el 54 por ciento de los votos sufre una minicorrida cambiaria que le cuesta casi 600 millones de dólares al Banco Central? ¿Por qué un gobierno que tendrá un poder político y territorial casi inédito –controlará ambas cámaras del Congreso Nacional, en tanto la casi totalidad de los gobernadores apoya el proyecto presidencial– genera semejante desconfianza en el valor de la moneda nacional?

El tema merece una atención profunda por parte de la administración de Cristina Fernández de Kirchner, que podría sufrir durante este año una fuga de capitales de unos 23 mil millones de dólares. Una cifra similar se había retirado del circuito financiero formal en 2008 por efecto de la crisis del campo, la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas de medio término y la apropiación de los fondos de la jubilación privada, que manejaban las ex administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones.

Son necesarias respuestas de fondo por parte de una gestión que en principio ignoró la existencia de una crisis en las economías de Europa y Estados Unidos y condujo al país en "piloto automático" hasta la reciente elección.

Semejante fuga de capitales –que más que duplica el superávit comercial que la Argentina obtendrá este año– es un llamado de atención para el Gobierno, al tiempo que genera una desaceleración en la actividad económica, lo que supone menos dinero para quienes tienen ingresos fijos y un freno en la creación de puestos de trabajo. Como reacción, el Gobierno dispuso que las divisas originadas por las exportaciones petroleras y mineras se liquiden en el país, mientras que las aseguradoras tendrán que repatriar las inversiones que posean en el exterior, para atender a un mercado demandante. A su vez, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) trata de desalentar la compra minorista con inspecciones a las casas de cambio, en las que verifica los datos tributarios de los compradores. Esas medidas serán insuficientes. La gente percibe que el dólar está barato y que tarde o temprano deberá ajustarse a la inflación del país, que este año será entre 20 y 25 por ciento, según institutos privados. El Gobierno nacional debe asumir de una vez por todas que la cuestión que subyace en la compra de dólares es la intención de la gente de conservar sus ahorros ante la suba generalizada de los precios de la economía.

En suma, los compradores están convencidos de que el Gobierno tendrá que ajustar la paridad cambiaria al ritmo de la inflación, salvo que decida acotar la expansión del gasto a nivel de los ingresos genuinos, sin acudir a subterfugios para obtener recursos del Banco Central.

Sin dudas que ése será el mejor método para correr a los ahorristas de las casas de cambio, al asegurarles que la moneda nacional seguirá conservando su valor y poder de compra.