El PRO presentó un amparo para frenar la designación de las autoridades de la AGN y profundiza la tensión con LLA
La presentación fue impulsada por Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados del partido que lidera Mauricio Macri. El escrito denuncia una violación a la Constitución y cuestiona el procedimiento aprobado en plena tensión política con el oficialismo.
El bloque del PRO presentó un amparo judicial para frenar la designación de las nuevas autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN), en un nuevo capítulo de la escalada de tensión con el oficialismo de La Libertad Avanza.
La acción judicial fue promovida por Cristian Ritondo, quien advirtió que la resolución aprobada en la Cámara de Diputados incurrió en un procedimiento “abiertamente inconstitucional”. “Hay que defender la transparencia y el funcionamiento republicano de las instituciones”, sostuvo el legislador en el escrito.
La terna aprobada reunió 186 votos afirmativos y dos abstenciones, y quedó conformada por Rita Mónica Almada, en representación de La Libertad Avanza; Juan Ignacio Forlón, cercano al líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, por el peronismo; y la exdiputada nacional salteña Pamela Calletti, por el espacio Innovación Federal.
En el amparo, Ritondo cuestionó que las designaciones se realizaron durante una sesión extraordinaria “fuera del temario habilitado”, en violación del artículo 63 de la Constitución Nacional. Según argumentó, el decreto presidencial que convocó al Congreso no incluía la designación de autoridades de la AGN.
Además, el diputado del PRO remarcó que la votación se llevó a cabo cerca de las tres de la madrugada, “sin publicidad ni transparencia, sin dictamen previo ni debate parlamentario”, lo que —según sostuvo— convierte al acto en “nulo de nulidad absoluta”.
“El procedimiento afectó de manera directa los derechos políticos de los diputados y quebró el equilibrio institucional del sistema de control del Estado”, advirtió Ritondo, al destacar que la AGN “no es un órgano administrativo interno, sino un órgano constitucional clave para controlar el uso de los recursos públicos”.
En la presentación judicial, el legislador solicitó que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución, que se dicte una medida cautelar urgente para impedir que los auditores asuman o ejerzan funciones, y que se restituya el estado institucional previo al acto cuestionado.
“No se trata de una discusión política ni de nombres propios, sino de defender la Constitución, la transparencia y el funcionamiento republicano de las instituciones”, concluyó Ritondo.
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