Presupuesto en suspenso: el Gobierno avanza en el Congreso, pero se le fractura el bloque de aliados

En la primera sesión tras el recambio legislativo, el oficialismo logró en Diputados la media sanción de tres proyectos centrales: el Presupuesto, el compromiso fiscal y la iniciativa de inocencia fiscal. En paralelo, el Senado avanzó con el dictamen de la reforma laboral, mientras el Ministerio de Economía modificó las bandas cambiarias sin provocar sobresaltos en el mercado cambiario.

El escenario parecía favorable. Sin embargo, en cuestión de horas comenzaron a resquebrajarse acuerdos que el Gobierno daba por consolidados. El conflicto se originó en Diputados y terminó impactando de lleno en la Cámara alta, donde ahora el oficialismo no tiene garantizados los votos necesarios.

Durante semanas, figuras clave del oficialismo articularon negociaciones con gobernadores y legisladores. En ese proceso, el presidente Javier Milei moderó su tono confrontativo y habilitó una estrategia de diálogo político. Como parte de ese giro, el Ejecutivo incrementó las transferencias de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, avaló pedidos de endeudamiento y promovió iniciativas para distritos cordilleranos vinculadas a la explotación minera.

Sin embargo, el acompañamiento de los gobernadores tuvo límites claros. Aunque respaldaron al Gobierno en la votación general del Presupuesto, se opusieron a la derogación de las leyes de emergencia educativa y de discapacidad. El mensaje fue inequívoco: el apoyo no sería automático ni incondicional.

El foco del conflicto fue el Capítulo XI incorporado por el oficialismo, que reunía en un mismo artículo la derogación de normas sensibles, la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un esquema de compensación de deudas del sector eléctrico. Para muchos legisladores, se trató de un paquete excesivo que cruzaba intereses demasiado diversos.

Tras el rechazo de ese apartado, el Ejecutivo reaccionó con dureza. En la Casa Rosada sostienen que un Presupuesto sin esas derogaciones genera déficit y, por lo tanto, “no sirve”. Por eso, el Gobierno ahora busca que el Senado reincorpore esos puntos, una estrategia que enfrenta un doble obstáculo: si hay cambios, el proyecto deberá volver a Diputados y, además, el oficialismo no cuenta hoy con los votos necesarios para imponer su postura.

El malestar también se trasladó al Senado. Legisladores aliados admiten que no están dispuestos a acompañar lo que consideran una ofensiva ideológica contra leyes de discapacidad y fondos universitarios que ya cuentan con respaldo parlamentario.

La tensión se profundizó cuando el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, expresó su enojo al conocerse un acuerdo entre el Gobierno y el kirchnerismo para la designación de auditores en la Auditoría General de la Nación. El gesto fue leído como una señal de alarma dentro del esquema de alianzas oficialistas.

En este contexto, el respaldo político a la reforma laboral también quedó en suspenso. El debate fue postergado hasta el 10 de febrero con el objetivo de ganar tiempo para negociar con la CGT y recomponer vínculos con los gobernadores. La demora resulta llamativa, dado que el Gobierno venía fortalecido tras las elecciones de medio término.

Del lado opositor, el kirchnerismo exhibe un escenario de debilidad y desorden interno. El senador José Mayans denunció irregularidades en la designación de autoridades en la comisión que trató la reforma laboral y anticipó una judicialización del tema, una estrategia que incluso dentro de su espacio reconocen como de bajo impacto.

En definitiva, si la reforma laboral fracasa, no será por la fortaleza de la oposición sino por las tensiones internas del oficialismo y sus aliados. La CGT, por su parte, mostró capacidad de movilización en la calle, pero un peso político limitado en el Congreso.

Optimismo con señales mixtas en la economía

En el plano económico, la semana dejó algunos datos alentadores. La actividad creció 0,3% en el tercer trimestre y evitó la recesión por un margen mínimo. Desde el Banco Central reconocen que la recuperación es heterogénea, mientras que el sector industrial advierte sobre la pérdida de puestos de trabajo.

La desocupación bajó de 6,9% a 6,6%, aunque el dato convive con un mercado laboral más precario, con mayor informalidad y cuentapropismo. Pese a ese escenario, el Presidente mantiene su optimismo y reiteró que la inflación podría comenzar con un cero hacia mitad de año.

El Gobierno pide tiempo y el beneficio de la duda. El Congreso, mientras tanto, se convirtió en un terreno más incierto de lo que parecía apenas unos días atrás.