Reforma laboral: uno por uno, qué cambios propone el Gobierno y que generan mucha controversia

El proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei propone una serie de modificaciones orientadas a reducir el nivel de litigiosidad en el ámbito del trabajo formal, uno de los reclamos históricos del sector empresario, en especial de las pequeñas y medianas empresas.

Según un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), actualmente hay 637.330 juicios laborales pendientes en todo el país. De ese total, 308.082 corresponden a causas por riesgos del trabajo y 329.248 a juicios por despido, los dos principales focos de conflictividad judicial. En relación con los 6,3 millones de asalariados registrados del sector privado, el volumen de expedientes equivale a cerca del 10% del total de trabajadores.

A esto se suma que en 2025 se alcanzó un máximo histórico de demandas en el Sistema de Riesgos del Trabajo. De acuerdo con la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), entre enero y noviembre se notificaron 122.875 nuevos juicios, llevando el total acumulado de los últimos doce meses a 131.998 causas.

Los principales cambios que propone el proyecto

Fuentes empresarias y especialistas legales destacan que la iniciativa oficial apunta a acotar márgenes de reclamo, unificar criterios judiciales y reducir la discrecionalidad en los fallos.

Entre los puntos centrales se encuentran:

• Actualización de créditos laborales: se establece un régimen legal uniforme de ajuste basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual, con el objetivo de evitar criterios dispares entre tribunales.

• Fin del anatocismo: al fijarse una fórmula de actualización, se elimina la aplicación de intereses sobre intereses.

• Pago de sentencias en cuotas: se habilita, con control judicial, que las pymes puedan abonar condenas laborales en hasta 12 cuotas.

• Base de cálculo de indemnizaciones: se aclara que la indemnización por despido excluye conceptos no mensuales, como aguinaldo, vacaciones o premios no habituales.

En materia de riesgos del trabajo, el proyecto fija un plazo de 90 días para la conformación de Cuerpos Médicos Forenses en las jurisdicciones adheridas y modifica el sistema de honorarios de los peritos, que dejarán de estar vinculados al monto del juicio o al porcentaje de incapacidad determinado.

Cambios procesales y posibles focos de conflicto

El abogado Walter Mañko, socio del área de Derecho Laboral y Seguridad Social de Deloitte, señaló que la reforma busca limitar la discrecionalidad judicial, aunque advirtió que algunos artículos podrían ser cuestionados si no se ajustan durante el debate legislativo.

Entre las modificaciones procesales más relevantes, enumeró:

• Indemnización por despido sin causa: el pago será total y cancelatorio. Una vez abonado, el trabajador no podría iniciar nuevos reclamos, incluso ante errores de cálculo.

• Presentación de pruebas: se elimina la posibilidad de ofrecer prueba días después de la contestación de la demanda; deberá presentarse desde el inicio.

• Impulso del proceso: se elimina el impulso de oficio del juez. El avance del expediente quedará a cargo de las partes.

• Caducidad de la instancia: si el trabajador no impulsa el proceso durante seis meses, el demandado podrá solicitar su caducidad, salvo excepciones justificadas.

• Causas contra el Estado: los conflictos laborales con participación estatal dejarán el fuero laboral y pasarán al contencioso administrativo, donde no rige la Ley de Contrato de Trabajo.

• Criterios obligatorios de la Corte Suprema: los jueces no podrán apartarse sin justificación de los precedentes del máximo tribunal, bajo apercibimiento de sanciones por mal desempeño.

• Prestadores de servicios: se redefine el criterio para distinguir relación laboral y trabajo autónomo, lo que reduciría reclamos de monotributistas o contratistas externos.

• Honorarios de peritos: pasan a ser tarifados y ya no calculados sobre el monto del juicio.

• Trabajo no registrado: el proyecto prioriza incentivos al blanqueo por sobre un esquema sancionatorio directo.

• Instancias previas: se mantiene sin cambios el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).

El debate sobre los intereses

El profesor Alejandro Rossi, del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Austral, cuestionó el esquema propuesto para el cálculo de intereses en los juicios en trámite.

Según explicó, la norma establece que los intereses se calcularán en base a una tasa definida por el Banco Central, probablemente vinculada a tasas bancarias activas o pasivas. “Un interés bajo o fijo ignora la realidad inflacionaria estructural y puede desalentar acuerdos, ya que el paso del tiempo licúa el valor de la condena”, advirtió.

Fondos de Asistencia Laboral: apoyo con dudas

Otro de los ejes del proyecto es la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que financiarán indemnizaciones mediante un aporte mensual obligatorio del 3% de las remuneraciones, a cargo de los empleadores, compensado con una reducción equivalente de las contribuciones al SIPA.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, valoró la iniciativa por considerar que podría reducir litigios al garantizar el cobro de indemnizaciones, aunque planteó interrogantes sobre su implementación.

Entre ellos, qué ocurrirá con los fondos acumulados si el trabajador renuncia o se jubila sin ser despedido, y cómo se aplicará el sistema a empleados que ya estaban en relación de dependencia antes de una eventual sanción de la ley.

Mientras tanto, desde sectores de la oposición sostienen que la reforma no introduce cambios estructurales suficientes como para garantizar una reducción sostenida de la litigiosidad. El Senado ya inició el debate legislativo, donde se anticipan modificaciones y un fuerte intercambio entre oficialismo, oposición y actores del sector productivo.