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El lado oscuro de la "transición": los despidos y la difícil tarea de conseguir un nuevo trabajo

El cambio de gestión tuvo como consecuencia una inmensa cantidad de despidos. DiarioVeloz te cuenta la historia de Jefatura de Gabinete.

El cambio de gobierno y la denominada "transición" significó el inicio de una etapa que implicaría muchos cambios y reconfiguraciones en el Estado. Una de las consecuencias, fue la inmensa cantidad de despidos que hubo en el ámbito público. DiarioVeloz te cuenta la historia que vivieron los empleados de Jefatura de Gabinete.

Mariano Quiroga está a punto de cumplir 40 años, forma parte del Partido Humanista y hasta el 31 de enero trabajó en la Secretaria de Comunicación Pública, en jefatura de Gabinete. Su sector estaba compuesto por 85 personas, de las cuales 60 fueron despedidas.


Allí se encargaban de mirar lo que pasaba en los medios, informar a los funcionarios, hacer relevamientos e informes.

En 2013, Mariano tuvo la oportunidad de ingresar a trabajar al Estado, al igual que muchos de sus compañeros. "Fue la primera vez que trabajé en el ámbito público y de los que estaban ahí, excepto alguno que había trabajado para el Gobierno de Ciudad, todos estábamos igual", comenzó en comunicación con DiarioVeloz. 

Había un equipo de trabajo y las nuevas incorporaciones se fueron dando en el marco de las necesidades que había que cubrir. "Había que preparar informes cada vez más pormenorizados, se necesitaba gente más especializada en economía, idiomas, aquellos con perfil más técnico", explicó.

"Los directores, que respondían a cargos políticos y sí eran militantes del gobierno kirchnerista, renunciaron antes del 10 de diciembre, para no ser acusados de complicar la transición. Los puestos `técnicos´ fueron despedidos, acusados de ser cargos políticos, según nos enteramos por lo que se decía en los medios, porque no nos dieron justificación", contó.

Pasado el 10 de diciembre, cuando designaron a alguien al frente de la Secretaría, los coordinadores del área se presentaron para explicar su labor. "Es un trabajo necesario, con más o menos gente, pero no se puede gobernar sin saber qué pasa y un funcionario no puede leer todo. Nosotros ya estábamos trabajando para la nueva gestión, hicimos informes", remarcó.

Ese primer contacto los dejó tranquilo, pero después, la historia no diría lo mismo.

 

El principio del fin

El 29 de diciembre a las 7 de la tarde, se presentó en la oficina (que estaba trabajando con menos personas, ya que los horarios eran repartidos por turnos) la directora de Recursos Humanos. "Tengo una lista de todos los que no van a seguir", les dijo.

Rápidamente todos se acercaron y la reacción fue al unísono: "Acá estamos todos". Con lágrimas en los ojos, la mujer respondió que al día siguiente volvería a comunicárselo al turno mañana, pero manifestó que efectivamente esa oficina debía ser vaciada.

El 30, finalmente no se presentó y envió a su secretaria, quien explicó lo mismo. En ese momento, estuvieron presentes delegados de UPCN y de ATE, quienes le explicaron a la joven que esa determinación no era legal, ya que no había previo aviso. "Yo transmito la información, no es decisión mía", respondió ella.

"Era una situación muy violenta para todos, desde 2013 estuve en la misma oficina, con la misma gente. En los medios decían que estaban echando ñoquis y las personas de seguridad, la gente del buffet, todos nos decían: `Pero ustedes no son ñoquis, no los pueden echar´", narró con desazón Mariano. 

Intentaron contactar al funcionario con quien habían hablado días atrás, pero el hombre estaba de vacaciones.

Año nuevo, ¿vida nueva?

El lunes 4 de enero, cuando había que volver al trabajo, los 12 trabajadores del área parlamentaria (se ocupaban de la relación con los legisladores) no pudieron ingresar al edificio. Entonces se abrió una mesa de diálogo entre UPCN y los responsables de Jefatura (ATE no estuvo presente), y tras una semana de asamblea en la puerta, dejaron ingresar a los damnificados.

Entonces se generó una guerra sindical, mientras ATE festejaba que entraban los 12, UPCN tenía una lista de 20 personas que iban a seguir trabajando. Todos los "salvados" pertenecían a ese gremio, menos una mujer de ATE que era madre de un chico discapacitado y estaba embarazada.

A partir del 15 de enero empezaron a llegar telegramas de despido que afirmaba que a partir del 31 del mes dejaría de trabajar. ATE inició una mesa de negociación, ya que la situación que se vivía en la oficina replicaba en distintos sectores del edificio.


El viernes 29, a mediodía, hubo una asamblea de cerca de 300 personas en la puerta, así que los empleados se acercaron y al intentar volver a sus puestos, no los dejaron ingresar. "El jefe de seguridad dijo que teníamos razón, y finalmente se echaron para atrás. Podríamos haber entrado a la fuerza, éramos muchos y había poca seguridad, pero no queríamos que sea así", se sinceró Mariano.

Por decreto de Mauricio Macri, los contratos se habían prorrogado hasta el 31 de marzo y un temor era que los que había quedado en esa primera lista de "salvados" no continuaran tras esa fecha. "Teníamos miedo que el 31 de marzo los echaran a ellos. Están trabajando sin tener una función designada y reciben un trato estigmatizante: `Son los de La Cámpora que están ahí, aunque no sean de La Cámpora´", señaló a DiarioVeloz.

Actualmente Mariano Quiroga no consiguió otro trabajo, como muchos de sus compañeros. "La mayoría hace changas, pero puestos efectivos no consiguió ninguno de mis compañeros. Sólo alguno está dando clases, que había dejado eso para trabajar en la Secretaría", narró.


Los trabajadores de Jefatura de Gabinete realizaron una comunidad de Facebook para llevar adelante sus reclamos.

Sin consuelo y sin dinero

Ante los despidos irregulares, no se pagaron indemnizaciones. "Hay muchos que nunca recibieron un telegrama de despido. No tuvimos entrevistas ni nada parecido", remarcó el damnificado Mariano Quiroga a DiarioVeloz.

Además, se está frente a otro reclamo, a la gestión anterior, ya que legalmente, al renovarse dos veces un contrato, queda asentada como necesaria la función que se está cumpliendo, por lo que muchos trabajadores deberían haber sido contratados por el Estado como planta permanente.