El juicio de Maradona sigue dando sorpresas
Apuntan a dos jueces por las grabaciones clandestinas.
Los fiscales a cargo de la investigación de las causas que llevaron a suspender el juicio por la muerte de Diego Maradona creen que los otros integrantes del tribunal original, Verónica Di Tommaso y Maximiliano Savarino, estaban al tanto de las grabaciones en las audiencias. Hay pruebas y se sigue investigando.
Los otros dos jueces, Savarino y Di Tommaso, siempre dijeron desconocer el documental que su colega Julieta Makintach grababa en el juicio por la muerte de Maradona. Sin embargo, el anuncio y la actuación de estos nunca fueron suficientes para que la Justicia los sacara de su mira. Por el contrario, a los fiscales a cargo del expediente siempre les pareció, por lo menos, raro que ninguno supiera nada de lo que ocurría paralelamente en la sala del debate oral que dirigían.
Casi dos meses pasaron desde el inicio de la investigación, y el tiempo pareciera estar dándoles la razón: luego de confirmar la participación de la jueza del escándalo en el frustrado documental Justicia Divina, los investigadores judiciales trabajan para confirmar la sospecha de que los otros dos integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro estaban al tanto de lo que sucedía tras bambalinas, o al menos dejaron hacer a su colega Makintach.
Hay dos declaraciones en la causa que hacen posible la sospecha fundada de los fiscales. Una corresponde a la policía que, el primer día, vio y retó al camarógrafo que filmaba a escondidas la jornada. La segunda es de una de las secretarias del tribunal, que estuvo muy cerca de los jueces durante el debate por la muerte de Maradona. Las testigos aseguran que la presencia del camarógrafo infiltrado fue alertada tanto a la jueza Di Tommaso como al juez Savarino (e incluso a Makintach) por una de las funcionarias del Tribunal Oral.
Concretamente, los jueces, según las declaraciones recolectadas hasta el momento, sabían que había un infiltrado que intentaba grabar a pesar de la prohibición.
El primer indicio de que los jueces tenían conocimiento de lo que pasaba salió de la declaración de la policía que custodiaba la sala, Daniela Barrionuevo. “Cuando sucede la situación del camarógrafo, yo se la comenté a Laura M. y ella me dijo que se lo iba a comunicar a los jueces”, dijo la testigo, mencionando a una de las secretarias de los magistrados, aunque no constató que el mensaje haya sido transmitido efectivamente a los jueces.
El segundo testigo, la secretaria Mariana Parbst, confirma indirectamente que la advertencia les llegó. Al ser consultada sobre qué hubiera hecho si ella hubiese visto al hombre de la cámara, respondió: “Se lo hubiera transmitido a los jueces. Tengo entendido que eso hizo Laura”, dijo, en línea con lo que declaró la policía de guardia anteriormente. Agregó que, cuando explotó el escándalo del documental, habló del tema con sus compañeras del juicio, y una de ellas le confirmó que la secretaria del TOC le había comentado el episodio del camarógrafo a Savarino y Di Tommaso.
Ambos habían tomado conocimiento de que había una orden de Makintach dirigida a la custodia de la sala para que “deje en paz a su gente”, refiriéndose a los productores y amigos de ella que estaban infiltrados en la sala.
“Di Tommaso y Savarino me confirman que Laura les había transmitido esta información. A su vez, Savarino me dijo que ellos lo hablaron con la Dra. Makintach para que dé sus explicaciones en cuanto a la presencia de un camarógrafo no autorizado. Siempre el planteo fue ese: del documental nadie tenía idea.”
“Ellos no me ahondaron en las explicaciones de lo que hablaron con Makintach, solo me dijeron que le expresaron a la Dra. Makintach que lo sucedido no estaba bien, y que ella les refirió que era algo de uso personal, casero. Desconozco el fondo de la charla. Que la Dra. Makintach lo hacía con un fin de comunicación, no sé si académico o para redes sociales, pero que era algo estrictamente personal. Aclaro que yo eso no lo escuché, sino que fue un comentario que me hicieron los propios jueces.”
Para la Justicia, el solo hecho de confirmar que los magistrados sabían del camarógrafo y no hicieron nada constituye una falta grave en su accionar, por la que deberán enfrentar consecuencias.
Mientras tanto, los magistrados investigados insisten en que no quieren hacer declaraciones públicas y que todo lo que tenían por decir lo expresaron en la audiencia del 29 de mayo, cuando definieron la nulidad del juicio por la muerte del Diez.
Por lo visto hasta ahora, todos los funcionarios judiciales conocían la intención de filmar el juicio y luego venderlo, con lo cual las ganancias de este habrían de llegar a muchos bolsillos. No contaron —o subestimaron— a los fiscales, quienes, al conocer el negocio, hicieron lo correcto: denunciar y despegarse de tan triste intentona de ganar unos dineros extra. Sin dudas, todavía hay muchos funcionarios honestos en la Justicia de San Isidro.
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