El gobierno nacional abandonó su rol de garante del derecho a la educación
Por Silvina Gvirtz. En estos últimos 4 años, el Estado Nacional no se ha responsabilizado en materia educativa.
En estos últimos 4 años, el Estado Nacional no se ha responsabilizado en materia educativa. Esto significa que ha abandonado su rol de garante del derecho a la educación. ¿Cómo se manifiesta esta desresponsabilización? En primer lugar, a través de la caída sistemática de la inversión presupuestaria en educación. En 2019, el presupuesto educativo a nivel nacional representa el 5,5% del total, siendo la participación más baja de los 4 presupuestos que presentó Cambiemos en el Congreso de la Nación. Si se coloca como referencia el primer año de esta gestión, se registra una reducción relativa del 29%: se pasa del 7,8% en 2016 al 5,5% en 2019 (elaborado a partir de datos del Ministerio de Hacienda de la Nación).
Un informe realizado por los observatorios y equipos de universidades e instituciones de investigación echa luz sobre la evolución que han tenido los recursos destinados a distintas políticas y áreas de gobierno en los últimos 4 años. Por ejemplo, en lo que respecta a la educación técnica, en 2019 se registra un marcado descenso en términos nominales y reales del presupuesto del Instituto Nacional de Educación Técnica (INET), explicado por el recorte de $1500 millones en el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional respecto de 2018: de $ 4900 a $ 3400 millones. De esta forma, se incumple con la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058 que, en su artículo 52, establece que este fondo no podría ser inferior al 0,2% de los ingresos corrientes previstos en el presupuesto. Con los valores actuales, representa apenas el 0,1%, la mitad.
En 2019, la partida presupuestaria para educación digital es la décima parte en términos reales de lo que era en 2017. De esta forma, se cristaliza el desmantelamiento del Programa Conectar Igualdad. Los argumentos oficiales detrás de una política que había entregado a fines de 2015 más de 5.300.000 computadoras fueron distintos: por un lado, que los alumnos ya tenían acceso a la tecnología en sus hogares; por otro, que sin conectividad a Internet, el dispositivo perdía sentido (en una columna publicada en mayor de 2019 discutimos esta posición); finalmente, que las netbooks eran obsoletas frente a nuevos dispositivos. Lo cierto es que el gobierno nacional discontinuo una iniciativa estatal que garantiza el acceso universal a la tecnología a los alumnos del nivel secundario. Al correrse el Estado de su rol de promotor de la igualdad de acceso a la tecnología, se traslada el peso de la educación a la esfera de las familias, aumentando la vulnerabilidad de aquellas que más necesidades tienen. En sintonía, la entrega de libros ha dejado de ser una política del Ministerio de Educación (Cultura, Ciencia y Tecnología) de la Nación.
Un caso emblemático del corrimiento del Estado Nacional en la educación ha sido el de los jardines de infantes. Ya se ha dicho bastante sobre el incumplimiento de la meta de construcción de 3.000 jardines de infantes que planteó Cambiemos al inicio de su gestión. Esta meta fue rápidamente reformulada a 10.000 salas, pero en concreto, de acuerdo a un informe del Observatorio Argentinos por la Educación, a mediados de 2019, se habían construido apenas 1479 salas y 1365 salas se encontraban en ejecución. En el mejor pronóstico, un cumplimiento inferior al 30%. Las razones de volver sobre este tema es que está en juego el derecho de los niños y de las niñas a una educación inicial de calidad. La primera infancia es una etapa decisiva en el desarrollo integral de los más pequeños, por lo que garantizar entornos de enseñanza, crianza y cuidado es una obligación principalisima del Estado.
Otra de las manifestaciones de la desresponsabilización del Estado Nacional en materia educativa ha sido la eliminación de la discusión salarial en las paritarias docentes a nivel nacional. Las paritarias configuraban un espacio institucional en el cual la negociación salarial era un eje fundamental. En ese ámbito se establecía un salario inicial docente a nivel nacional que permitía compensar las desigualdades salariales de las provincias que se registran desde la década del ´90, cuando la administración de la educación se transfirió a las provincias. Además, los fondos que el Estado Nacional destina a fortalecer los salarios docentes y apoyar a las provincias con salarios bajos (fondo nacional de incentivo docente y fondo de compensaciones salariales, respectivamente) se han prácticamente congelado entre 2018 y 2019 y, por lo tanto, han caído en términos reales, de acuerdo al informe de los observatorios de las universidades antes mencionado. En este punto, el debate que se abre es acerca del rol que cumple el nivel central de gobierno en un sistema educativo federal. ¿Se trata de un actor con limitado margen para acciones redistributivas y poca capacidad de respuesta ante coyunturas críticas? ¿O es un nivel central que asume un papel dinámico en situaciones de desigualdad y cumple una función importante en la construcción de justicia educativa? Cambiemos eligió el primer modelo. Un escenario alternativo es aquel en el que el Estado recupere su protagonismo y sea quien garantice el derecho a la educación de toda la población, formule políticas que promuevan la igualdad de oportunidades y vele por las condiciones necesarias para que nuestros docentes enseñen mejor y nuestros estudiantes aprendan mejor.
Una agenda a futuro debe colocar a la cuestión presupuestaria como una prioridad. La inversión actual se revela insuficiente y, además, muestra una disparidad marcada entre las provincias, como muestra un informe de CIPPEC. De allí que es necesario elaborar nuevas normas y reglas que aseguren un financiamiento adecuado para la educación – eventualmente, una nueva ley de financiamiento educativo –, establezcan metas educativas hacia dónde direccionar los recursos y promuevan un rol activo del Estado Nacional como actor redistributivo y compensador de las desigualdades interprovinciales.
Estos mayores recursos deberían destinarse a políticas que garanticen el acceso al 100% de los niños y niñas de 4 y 5 años y a todos los jóvenes en edad de asistir a la escuela secundaria, cumpliendo así con la obligatoriedad establecida en la Ley de Educación Nacional. El Estado Nacional debe recuperar su función de brindar las condiciones necesarias para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto implica, por un lado, entregar herramientas didácticas como libros de texto y libros de literatura y dispositivos tecnológicos en el modelo 1 a 1. Las iniciativas en materia de tecnología deben también contemplar los desafíos que coloca la inteligencia artificial a los sistemas educativos en los tiempos que corren.
Otra política que debe recuperar la centralidad es la extensión de la jornada escolar. Hoy el 86% de los alumnos y alumnas de las escuelas primarias tienen apenas 4 horas de clase diarias. Lo inquietante es que es una política en retroceso en los últimos años, como se desprende un estudio de Leandro Bottinelli y María Cristina Hisse para el Observatorio de la Unipe. Diversos estudios (Pires y Urzua, 2015; Valenzuela, 2005; García, 2006; Berthelon y Kruger, 2011) dan cuenta del fortalecimiento del tiempo escolar como una condición clave para mejorar los aprendizajes y favorecer las trayectorias de los alumnos, sobre todo de quienes provienen de sectores más vulnerables.
Más allá de discutir una agenda de políticas, es necesario repensar las formas de hacer y construir política educativa. Las políticas educativas requieren un marco que les otorgue legitimidad y sustentabilidad en el tiempo. Para ello, es necesario generar acuerdos intertemporales en un ámbito y en el que confluyen los distintos actores del sistema educativo, fundamentalmente, los trabajadores de la educación (docentes y no docentes). Pero este ámbito debe ser también enriquecido con la presencia de las familias, académica, referente del mundo productivo y de organizaciones sociales. Estos espacios deben ser dispositivos que permitan habilitar un amplio debate, expresar diferencias, dirimir conflictos y, finalmente, buscar consensos. Ahora bien, estos espacios no son construcciones que suceden en el vacío o de forma espontánea. Es el Estado quien debe asumir el liderazgo y coordinación de estos ámbitos para fortalecer las bases institucionales del diseño de políticas educativas. Juan Carlos Tedesco se refería a estos dispositivos de construcción de políticas como “pactos educativos”. Claro que, para ser efectivos, los pactos educativos requieren no solo estar dotados de legitimidad política y protagonismo del Estado, sino también, contar, por un lado, con un financiamiento educativo sostenible en el tiempo. Por otro, con instrumentos normativos y legales que permitan un monitoreo de los acuerdos y obliguen a su cumplimiento. Este es un camino posible para poder avanzar, a paso firme, hacia una sociedad más justa.
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