El Gobierno dividirá la reforma tributaria en proyectos separados para minimizar el impacto fiscal

El Gobierno decidió avanzar con una reforma tributaria fragmentada, a través de proyectos separados, con el objetivo de minimizar el impacto fiscal y evitar un eventual déficit. En la Casa Rosada descartan impulsar un paquete integral en el corto plazo y prevén que los cambios en el régimen impositivo se implementen de manera progresiva durante 2026 y 2027.

La prioridad del Ejecutivo es la sanción de la reforma laboral, que buscará oficializar antes de febrero. En el oficialismo sostienen que ambos procesos están vinculados y que no es posible avanzar con una reforma tributaria profunda sin antes modificar el esquema laboral. En ese marco, los equipos técnicos del Ministerio de Economía trabajan sobre distintas alternativas, aunque reconocen que todavía no existe una postura unificada respecto de la secuencia de las medidas, que son concebidas como parte de una estrategia de largo plazo.

Desde la Casa Rosada advierten que la versión más ambiciosa del rediseño impositivo —que contempla un nuevo esquema del IVA, la eliminación del impuesto al cheque y cambios en el sistema de coparticipación— no cuenta actualmente con margen político ni fiscal para avanzar. Además, el Gobierno busca que cualquier modificación de este tipo esté acompañada por una baja de impuestos junto con recortes en el gasto de las provincias, con el objetivo de fomentar una mayor competencia fiscal entre distritos.

En paralelo, la mesa chica de Balcarce 50 analiza avanzar con una reforma del monotributo, al que consideran insostenible en el mediano plazo. La evaluación oficial apunta a reemplazarlo por esquemas más dinámicos que faciliten la transición al régimen general mediante un sistema gradual de incentivos fiscales. Este punto fue mencionado recientemente por el Fondo Monetario Internacional en sus recomendaciones al país.

El Ejecutivo ya incorporó modificaciones tributarias dentro del proyecto de reforma laboral que envió esta semana al Senado. Entre los cambios se incluyen reducciones en el impuesto a las Ganancias corporativas, nuevas exenciones en operaciones financieras e inmobiliarias, la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y la devolución del saldo técnico de IVA a partir del tercer período fiscal.

En el Gobierno reconocen que los recortes impositivos en análisis tienen un alto costo fiscal y podrían generar tensiones sobre la recaudación en el corto plazo. Por ese motivo, insisten en que no avanzarán sin un crecimiento económico que respalde la pérdida de ingresos. Según explican, la estrategia es reducir impuestos de manera gradual, en la medida en que exista mayor margen de caja.

El proyecto también propone eliminar impuestos internos de baja recaudación y otorgar mayores facultades regulatorias a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Para el oficialismo, estas medidas representan un primer paso antes de impulsar reducciones impositivas más profundas a partir de 2026.

Además, se contempla un tratamiento fiscal especial para los Fondos de Asistencia Laboral, que se utilizarán para el pago de indemnizaciones. En ese esquema, los rendimientos de esos fondos quedarán exentos del impuesto a las Ganancias y del IVA, con excepción de las comisiones. La contribución obligatoria del 3% que financiará cada cuenta individual será compensada con una reducción equivalente en las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino.