El Gobierno afina la estrategia para aprobar el Presupuesto en extraordinarias, entre internas, dudas fiscales y apoyos frágiles

Con mayorías ajustadas y un escenario político atravesado por tensiones internas y reclamos de las provincias, el Gobierno busca sancionar el Presupuesto 2026 y un paquete de reformas clave durante las sesiones extraordinarias. Tras obtener los dictámenes en la Cámara de Diputados, el oficialismo apuesta a cerrar la votación este viernes en el Senado, aunque persisten dudas sobre el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, dos temas sensibles que quedaron fuera del texto aprobado.

La estrategia legislativa es encabezada por la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, mientras que en Diputados el presidente de la Cámara, Martín Menem, mantiene a su tropa en alerta ante la posibilidad de que la Cámara alta introduzca modificaciones que obliguen a reabrir el debate antes de fin de año.

El Presupuesto que llegará al recinto es el primero de la gestión libertaria y llega con una poda significativa: Diputados eliminó el capítulo que preveía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario. Para el Gobierno, ambas normas representan un riesgo para el objetivo central del déficit cero, aunque desde la Casa Rosada admiten que no cuentan hoy con los votos para avanzar sobre esos temas.

Bullrich ya anticipó que esas discusiones no se resolverán dentro del Presupuesto, sino a través de otros instrumentos legislativos, una definición que deja en evidencia los límites políticos del oficialismo y la dificultad para imponer su agenda completa en el Congreso.

Por precaución, Menem pidió a los diputados oficialistas y aliados que reserven pasajes para el 30 de diciembre, ante la eventualidad de que el Senado modifique el proyecto o impulse una norma alternativa para cubrir las demandas financieras vinculadas a discapacidad y universidades, lo que obligaría a una nueva votación en la Cámara baja.

La sesión en el Senado fue convocada para el viernes 26 a las 12, bajo la presidencia de Victoria Villarruel, e incluirá también el tratamiento de la reforma al Régimen Penal Tributario, rebautizada por el Gobierno como ley de “Inocencia Fiscal”.

Sin embargo, el Presupuesto no logra consenso pleno ni siquiera entre los bloques dialoguistas. La senadora Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, cuestionó duramente el proyecto al advertir que “los números no cierran” y que no contempla los fondos necesarios para saldar la deuda que el Estado mantiene con 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales. Solo en el caso de Córdoba, la deuda asciende a 690 mil millones de pesos, mientras que el Presupuesto destina apenas 122 mil millones para todas las jurisdicciones afectadas.

Pese a estas objeciones, el oficialismo confía en alcanzar la mayoría con sus 21 senadores y el acompañamiento condicionado de sectores del PRO, la UCR y bloques provinciales, aunque varios de esos apoyos dependen de que el Senado no altere el texto aprobado por Diputados.

En la Cámara baja, el clima tampoco es el ideal. Dirigentes del PRO y otros aliados aún reprochan la maniobra que permitió designar auditores de la Auditoría General de la Nación en una votación de madrugada, denunciada como un acuerdo entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo. Aun así, el oficialismo intenta mostrar fortaleza y destaca haber ganado 19 de 20 votaciones recientes, aunque puertas adentro reconocen que el equilibrio político es frágil.

Más allá del Presupuesto, el temario de extraordinarias incluye dos iniciativas de alto voltaje: la Reforma Laboral y los cambios a la Ley de Glaciares. Ambos proyectos avanzaron con dictámenes de mayoría tras intensas negociaciones con gobernadores, empresarios y bloques aliados, pero enfrentan un fuerte rechazo sindical y ambiental.

En el caso de la reforma de la Ley de Glaciares, organizaciones ambientalistas advirtieron que el proyecto es regresivo e incluso inconstitucional, al debilitar estándares de protección ambiental en favor de la actividad minera. Desde el sector empresario, en cambio, reclaman reglas más flexibles que brinden previsibilidad a las inversiones de largo plazo.

La Reforma Laboral, por su parte, ya dejó en claro el nivel de conflicto que puede desatar: Unión por la Patria anticipó su rechazo y la CGT se movilizó contra la iniciativa, mientras que el Gobierno apuesta a reabrir el debate en febrero, con un nuevo llamado a sesiones extraordinarias.

Así, el oficialismo enfrenta el desafío de aprobar su hoja de ruta económica y legislativa en un Congreso donde depende de acuerdos inestables, concesiones permanentes y una estrategia de contención política que, por ahora, no logra disipar las dudas sobre la gobernabilidad del proyecto libertario.