El Estado solo cumple con el 25% del cupo laboral para personas con discapacidad

El Estado nacional está muy lejos de garantizar el derecho a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Según datos oficiales, apenas el 1,37% de los empleados públicos cuenta con certificado único de discapacidad (CUD), cuando la Ley 22.431 establece un cupo obligatorio del 4%. En la práctica, se está cumpliendo con apenas una cuarta parte de lo que indica la normativa.

En su último informe al Congreso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, precisó que 4467 personas con CUD forman parte de la administración pública nacional. De los 138 organismos relevados, solo 14 cumplen o superan el piso legal. Ningún ministerio está en ese listado.

El incumplimiento no es una novedad. “Según nuestros relevamientos, la inclusión laboral de las personas con CUD es de apenas el 0,9% en el Estado nacional. Hemos reclamado a todos los gobiernos por su cumplimiento y ninguno cumplió”, denunció Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. Además, aseguró que en los últimos meses identificaron 401 despidos de trabajadores con discapacidad que no estaban en planta permanente. “Los casos fueron judicializados, pero la mayoría sigue sin resolución”, señaló.

Los organismos que sí cumplen

El informe oficial destaca algunos organismos que superan el cupo del 4%. Entre ellos están:

• Superintendencia de Riesgos del Trabajo: 9,48%.

• Agencia Nacional de Discapacidad (Andis): 8,84%.

• Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos: 6,9%.

• Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur: 6,59%.

• Anmat: 4,79%.

• Sigen: 4,75%.

• SSN: 4,67%.

• CNCE: 4,65%.

• BICE: 4,57%.

• FNA: 4,23%.

• INPI: 4,11%.

• Caja de Retiros de la Policía Federal: 4,04%.

• ORSNA: 4,03%.

• INCAA: 4%.

Una deuda en todo el país

La problemática no se limita a la administración pública nacional. En provincias y municipios la situación es similar o incluso peor. “Exigimos que el cupo se respete también en los estados provinciales y municipales, pero nos encontramos con los mismos escollos. En algunas jurisdicciones no existe legislación o varía el cupo respecto de la ley nacional”, remarcó Aguiar.

Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Ermelinda Garbini, directora de los Derechos de las Personas con Discapacidad, advirtió: “El cumplimiento del cupo laboral no se ha alcanzado de manera generalizada en Argentina. La mayoría de las jurisdicciones no logra llegar al 4% establecido por la ley. Aunque hay avances, el déficit en inclusión laboral sigue siendo importante”.

Garbini también señaló que la normativa carece de mecanismos de promoción y de fiscalización efectivos, lo que hace que su cumplimiento dependa de la voluntad política de los funcionarios. “Esto genera que quede librado a la discrecionalidad de cada área del Estado o de las empresas en el ámbito privado”, explicó.

Un derecho vulnerado

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional en Argentina, establece que los Estados deben garantizar el acceso al trabajo en igualdad de condiciones. Sin embargo, en la práctica persisten obstáculos como los prejuicios, la discriminación, la falta de oportunidades y la precariedad laboral.

Según Garbini, las mujeres y las personas con discapacidad intelectual y psicosocial son quienes enfrentan mayores barreras para acceder a un empleo. Entre las medidas necesarias, mencionó la concientización, la adaptación de edificios y procesos de producción, y la creación de apoyos específicos que permitan a las personas con discapacidad ingresar, mantenerse y desarrollarse en su carrera laboral.

“El desafío consiste en dar respuestas adecuadas a las necesidades que surjan con el incremento de ingresantes con algún tipo de discapacidad. Eso implica generar un sistema de apoyos para que puedan ingresar, permanecer y crecer en el ámbito laboral”, concluyó la especialista.