Defender la soberanía argentina sobre las tierras rurales
La discusión acerca de la necesidad de limitar la creciente propiedad extranjera de la tierra rural constituye un paso importante en la construcción de nuestro designio nacional, en la tutela de los recursos naturales, y en el pleno y más absoluto ejercicio de nuestra autodeterminación como pueblo libre y soberano.
Fueron presentados 14 proyectos, de distinta autoría y linaje partidario, propiciando la limitación de la titularidad extranjera sobre tierras aptas para usos y explotaciones rurales. Ello da cuenta de un núcleo conceptual duro de consenso que atraviesa horizontalmente el espectro político.
Sin embargo, algunos integrantes de bloques auspiciantes de tales proyectos asumen hoy un rol "oposicionista", pretendiendo con distintas maniobras dilatorias aplazar el debate de una ley tan cara a los intereses de los argentinos. Las comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por la diputada duhaldista Graciela Camaño, y la de Agricultura, por el radical Juan Casañas, han decidido postergar el tratamiento de la norma merced a extraños pruritos legales, erigiéndose en custodios, so pretexto constitucional, de intereses muy alejados de aquellos que el pueblo argentino exige de sus representantes. Hasta ahora fueron vanos los recurrentes intentos de la diputada Vilma Ibarra (presidenta de la Comisión de Legislación General) para obtener un despacho conjunto de las tres comisiones, tal como lo exige el reglamento de la Cámara.
Es de destacar que hasta aquí ninguno de tales diputados, fundamentalmente radicales y algunos del denominado "peronismo federal", había encontrado objeciones constitucionales a dicha limitación de titularidad extranjera sobre tierras rurales. Ahora pretenden sustentar que una ley de estas características resultaría inconstitucional por dispensar del trato igualitario que el artículo 20 prevé respecto de los extranjeros, y por lesionar el sistema federal de gobierno a cuenta de que la regulación sobre los recursos naturales es exclusiva de las provincias (art. 124 de la CN).
Ahora bien, el proyecto de ley establece un límite por persona física o jurídica de hasta mil hectáreas de la pampa húmeda, o su equivalente en zonas menos favorecidas, y en total las compras no podrán superar un total del 15% al 20% del territorio, municipal o provincial, porcentaje que está siendo debatido. A la vez, no podrá superarse un 30% de extranjeros de igual nacionalidad. Quedan exentos de estos límites las personas físicas de nacionalidad extranjera que residan en forma permanente en el país o que estén casados con nacionales. Entonces, habría que recordar que la Constitución no establece derechos absolutos, que ellos resultan susceptibles de reglamentación razonable (art. 28 CN), que los tratados internacionales incorporados al art. 75.22 de la CN también autorizan a los Estados a reglamentar diferencias de trato entre nacionales y extranjeros en tanto sea razonable y objetiva, y que finalmente toda interpretación de la ley suprema debe realizarse de manera armónica, de modo tal que la eficacia de un precepto no equivalga a la supresión de otro de igual jerarquía.
El proyecto de ley tiene sustento en la facultad del Congreso (art. 75, inc. 12, CN) de dictar la legislación general y atiende al desarrollo regional (art. 75, inc. 18, CN) y a satisfacer la encomienda contenida en la nueva cláusula del progreso (art. 75, inc. 19, CN). Si bien la tierra es un recurso natural, la regulación de adquisición y circulación es materia civil, propia de las incumbencias federales por delegación expresa al gobierno nacional.
Quisiera compartir que el tema de Río Negro ha sido especialmente tenido en cuenta en los debates de la Comisión de Legislación General, como un evento paradigmático de entrega indiscriminada de tierras bajo instrumentos de dudosa constitucionalidad (caso convenio con China), y apropiación paisajística de potentados extranjeros que impiden, merced al poder del dinero y la colaboración explícita del gobierno provincial, que todos los rionegrinos, y por extensión todos los argentinos, disfrutemos de nuestras bellezas naturales.
Parecería que mientras la argentina transita hacia un modelo emancipador y de fuerte impronta nacional, el actual gobierno de Río Negro conduce en reversa hacia un esquema de concentración del capital extranjero.