Declaró Diego Spagnuolo en Comodoro Py por las coimas en ANDIS y presentó nuevos argumentos de defensa
El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad habló durante una hora y media ante el juez Sebastián Casanello. Aportó documentos, negó irregularidades, cuestionó la validez de los audios y desestimó acogerse como arrepentido. La causa se vuelve cada vez más sensible para el Gobierno.
El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, declaró este miércoles durante una hora y media ante el juez federal Sebastián Casanello, en los tribunales de Comodoro Py, en el marco de la causa que investiga presuntos pedidos de coimas y desvíos de fondos en contrataciones vinculadas a medicamentos para personas con discapacidad.
Spagnuolo llegó solo al edificio y se presentó a las 13, tal como estaba previsto. Minutos después ingresó su abogado, Mauricio D’Alessandro, y la indagatoria se extendió hasta las 14.30. El exfuncionario no respondió preguntas de la fiscalía y, según adelantó su defensa, no se acogerá como arrepentido.
La audiencia coincidió con un fuerte cimbronazo político dentro del Gobierno: la renuncia de Ornella Calvete, funcionaria clave del Ministerio de Economía, luego de que en un allanamiento se encontraran u$s 700.000 en su vivienda. Calvete también era representante del Ejecutivo en la Comisión del Área Aduanera Especial y es hija de Miguel Ángel Calvete, uno de los principales señalados en la investigación. A diferencia de Spagnuolo, el empresario quedó detenido y no declaró.
Los puntos centrales de la acusación
El fiscal Franco Picardi imputó a Spagnuolo y a otros funcionarios y empresarios por integrar un esquema sostenido de direccionamiento de contrataciones en ANDIS. Según el requerimiento, ese circuito habría sido instrumentado mediante el sistema informático SIIPFIS, lo que permitía simular transparencia en los procesos.
La causa se inició tras la filtración de audios en los que se mencionaba un supuesto circuito de coimas, incluyendo el ya conocido “3% para Karina”. Aquella difusión derivó en la salida de Spagnuolo del organismo y en la apertura del expediente.
Además del exfuncionario, están imputados Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari y Federico Maximiliano Santich, entre otros.
La estrategia de defensa: deepfakes, inconsistencias y documentación patrimonial
Tras la indagatoria, D’Alessandro profundizó la línea defensiva: aseguró que una pericia realizada en un país de la Comunidad Económica Europea determinó que los audios utilizados como prueba fueron modificados con inteligencia artificial. Denunció que la Justicia argentina nunca ordenó una pericia local y que el fiscal justificó esa decisión alegando que las grabaciones “no eran relevantes” para el avance del expediente.
“Es un deepfake”, afirmó el abogado, quien agregó que ese material fue incorporado sin el debido análisis técnico. Adelantó también que pedirán la nulidad de los audios y que solicitarán una ampliación de indagatoria cuando llegue la pericia completa desde Alemania.
Otro punto de discusión fue el dinero hallado en una caja de seguridad de Spagnuolo: 82.000 dólares y 2.950 euros. Según la defensa, ese monto estaba depositado allí desde abril de 2023, siete meses antes de que Spagnuolo asumiera, y presentaron documentación para demostrar que nunca ingresó a la caja durante ese período. El secuestro se realizó en octubre de este año.
Sobre la vivienda de Pilar, ubicada en el barrio Altos de Campo Grande y señalada como uno de los ejes de la sospecha, D’Alessandro negó cualquier remodelación millonaria y aseguró que se trató de “un arreglo menor”. La fiscalía investiga si una refacción sustancial habría sido financiada con dinero obtenido mediante coimas, entre septiembre de 2024 y febrero de 2025.
Los investigadores detectaron además gastos corrientes muy por encima de los ingresos del exfuncionario: entre enero y abril de este año, sus resúmenes de tarjeta superaron los $4 millones, y entre agosto de 2023 y junio de 2025 promediaron más de $2 millones mensuales, mientras su salario rondaba los $3 millones. También remarcan que la supuesta obra en la casa de Pilar no aparece reflejada en sus declaraciones juradas.
D’Alessandro también intentó desestimar imágenes y registros utilizados en la imputación. Sostuvo que la mochila que aparece en las fotografías no contenía dinero, sino la computadora de su cliente, y calificó como “forzada” la secuencia en la que se ve a Spagnuolo ingresar a la vivienda de Miguel Ángel Calvete.
Aunque negó cualquier participación de su cliente en maniobras ilícitas, el abogado admitió que el “sistema de recaudación” existía, pero insistió en que Spagnuolo “no formaba parte del circuito”. “No teme quedar detenido. Es víctima de un delito”, afirmó.
Un caso sensible para el Gobierno
La investigación por presunta corrupción en ANDIS se volvió un problema político de alto impacto para el Ejecutivo. El expediente abarca funcionarios, intermediarios y contratistas vinculados a la gestión de medicamentos de alto costo destinados a personas con discapacidad, una población especialmente vulnerable que depende de pensiones no contributivas.
Mientras se esperan pericias internacionales y nuevos movimientos procesales, la causa continúa sumando aristas y escalando tensión dentro del Gobierno.
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