Cesarismos, violencia y Carta Democrática

Los actos de violencia sucedidos en contra de los diarios Clarín, La Nación y La Voz del Interior no son expresiones inocentes de reclamos gremiales. Tampoco son simples actos violatorios de la libertad de expresión, que consagra el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En términos de legalidad, estamos en presencia de actos de violencia estatal o generados con la aquiescencia del Estado. Por ello, no son suficientes las denuncias ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Hablemos claro: estamos frente a actos de violencia estatal que parecen marcar peligrosamente el ADN del discurso oficial. No se trata de defender a los diarios, sino el derecho humano del ciudadano de tener acceso a una información libre, plural y veraz (artículo 13 de la Convención Americana).

Ningún monopolio público ni privado sirve a los derechos humanos. Hablemos en serio de derechos humanos y no con el discurso del falso progresismo. Estamos frente a típicos y plurales actos de violencia estatal en una Argentina que está juzgando crímenes del terror estatal de hace 30 años.

Sería cínico reducir el hecho ocurrido a un conflicto gremial; sería vergonzoso justificarlo por vía de la justicia social y sería agraviante con la memoria histórica avalarlo con el discurso de los derechos humanos.

El uso de la violencia. El hecho es claro y simple. El discurso oficial no tolera el disenso y ahora está usando la violencia para suprimirlo. Y esa violencia es estatal porque proviene del Estado o se ejerce al abrigo del Estado. Y es una violencia sistemática, porque no se trata de episodios aislados.

Hugo Moyano ya nos adelantó lo que está pasando ahora y Moyano es el Estado. Y el silencio oficial es complicidad con la violencia. Éste es el núcleo verdadero y profundo de lo sucedido. Y el ciudadano argentino no puede permanecer indiferente como si no le concerniera.

Estamos frente al riesgo concreto de vuelta a la violencia social. Y no debemos permitir más violencia en la Argentina. Nuestros empresarios no pueden declararse prescindentes, en primer lugar, porque ellos serán las próximas víctimas y en segundo lugar, porque ya deben haber aprendido que ningún crecimiento de la economía ni reservas del Banco Central dan sustentabilidad a un modelo económico, si no están acompañados por la ley y por un duro control a los abusos del poder. Deben saber nuestros operadores económicos que sin ley el riesgo de una nueva hiperinflación siempre estará presente. Basta mirar lo que pasa en los países árabes.

Cesarismos democráticos. Antiguamente, los "riesgos democráticos" provenían de los golpes militares. En el siglo 21 provienen de otros frentes: de golpes de mercados o de golpes de "cesarismos democráticos". Sabiamente los 34 países de América, en septiembre de 2001, firmaron la Carta Democrática Interamericana, que técnicamente es una resolución complementaria de la Carta de la OEA, por la cual se consagra en su artículo 18 la figura del "riesgo democrático", como habilitante de una visita del Consejo Permanente de la OEA.

Hoy, en la Argentina estamos muy próximos a esa hipótesis. Desgraciadamente y quizá a causa de nuestra matriz cultural autoritaria, estos "cesarismos democráticos" son muy tentadores para el argentino que tiende a identificar el ejercicio autoritario del poder con eficiencia en el manejo de la cosa pública. Nada más falso, porque en el siglo 21 la eficiencia económica o de gestión está asociada a la riqueza institucional y a un efectivo control de los poderes.

Lo que es más grave aún es que en la Argentina el "riesgo democrático" está causado por el "riesgo judicial" que enfrenta un socio estatal –Moyano– de terminar preso o perseguido por Interpol por delitos de corrupción o de lavado de activos.

Desde el campo de la legalidad supranacional de los derechos humanos, esto no es otra cosa que violencia estatal.

* Presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación