Avanza el debate por la baja de la edad de imputabilidad: amplio consenso, pero la oposición busca frenar el dictamen

El Congreso entra en una etapa decisiva en torno al nuevo Régimen Penal Juvenil. Este martes, un plenario de cuatro comisiones de la Cámara de Diputados debatirá un proyecto impulsado por el Gobierno, el PRO y otras fuerzas aliadas, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, junto con una serie de herramientas para abordar integralmente los delitos cometidos por menores.

El proyecto, trabajado por más de 100 legisladores de distintas bancadas, busca reemplazar la ley vigente desde 1980 —redactada durante la dictadura— y actualizar el sistema penal juvenil con estándares internacionales. La propuesta prevé no solo la posibilidad de juzgar a adolescentes desde los 14 años, sino también aplicar medidas alternativas a la prisión, como monitoreo electrónico, trabajos comunitarios, asistencia psicológica, prohibición de acercamiento a la víctima o programas educativos.

Uno de los factores que aceleró el debate fue el crimen de Kim Gómez, una niña de 7 años asesinada por delincuentes de 14 y 17 años durante un robo, lo que generó conmoción social y presión política.

Aunque el proyecto tiene amplio respaldo, el kirchnerismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y la Iglesia Católica —a través de monseñor Dante Braida— rechazan la iniciativa, argumentando que encerrar a un menor no resuelve el problema de fondo.

Entre los artículos acordados se destacan: asesoramiento interdisciplinario, prohibición del consumo de sustancias, obligación de asistencia escolar, y penas alternativas como amonestaciones, reparaciones del daño o capacitaciones laborales. También se prohíbe expresamente la cadena perpetua para menores y se establece un límite de cumplimiento de pena con posibilidad de revisión judicial.

El texto además contempla que los adolescentes no cumplan condena en cárceles comunes y fija criterios para garantizar su derecho a la defensa, al debido proceso, y a condiciones dignas de alojamiento, si se llegara a una internación.

Para los impulsores, esta reforma no solo busca mayor claridad legal, sino también evitar la actual discrecionalidad con la que algunos jueces mantienen detenidos a menores no punibles, sin juicio ni garantías mínimas.