Arranca el jury contra la jueza Julieta Makintach por el documental “Justicia Divina”

El destino judicial de la jueza Julieta Makintach empieza a definirse este jueves en el anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. La magistrada, que integró el tribunal encargado de juzgar a los acusados por la muerte de Diego Armando Maradona, enfrenta un juicio político que podría derivar en su destitución.

La audiencia, que comenzará a las 9 de la mañana, marca el inicio formal del proceso en su contra. Makintach fue acusada de parcialidad y de haber grabado sin autorización el documental Justicia Divina, centrado en el juicio por la muerte del exfutbolista.

El Jurado de Enjuiciamiento está conformado por abogados y legisladores provinciales. Entre ellos se encuentran Agustín Grillo Ciocchini, Álvaro García Orsi, Mirta Daniela Greco, María Victoria Lorences y Fabián Ramón González, además de los senadores Ariel Martínez Bordaisco y Sergio Raúl Vargas, y los diputados Guillermo Castello, Abigail Gómez y Maite Alvado.

La lista de testigos de la acusación incluye a familiares de Maradona, abogados, periodistas y a los otros jueces que integraron junto a Makintach el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro. Los primeros en declarar serán el fiscal del juicio, Patricio Ferrari; tres policías que permitieron el ingreso de cámaras a la sala, y el realizador audiovisual Jorge Ignacio Huarte.

Por el lado de la defensa, fueron citados cuatro exalumnos de la magistrada y los responsables de la productora a cargo del documental.

El abogado de Makintach, Darío Saldaño, cuestionó la rapidez del proceso y presentó una medida cautelar ante la Corte provincial para intentar frenar la audiencia. “El jury es apresurado, no pasaron cinco meses desde su inicio y ya estamos en debate. La acusación carece de sustento fáctico y responde a intereses políticos y económicos”, afirmó.

Las claves del caso

La jueza está acusada de haber impulsado un proyecto audiovisual sobre el juicio por la muerte de Maradona sin la autorización correspondiente. Según los fiscales de San Isidro —Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo—, habría promovido y participado del documental con la expectativa de obtener beneficios económicos.

En paralelo al proceso político, Makintach enfrenta una causa penal por cohecho pasivo, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, malversación y peculado.

También están imputados el empresario José María Arnal Ponti, dueño de la productora Ladoblea S.A.; el guionista Juan Manuel “Chavo” D’Emilio y María Lía Vidal Alemán, amiga de la jueza y autora de la idea original. En el marco de la investigación, la Justicia secuestró computadoras y discos rígidos de la oficina de Makintach para peritarlos.

La magistrada sostiene que es víctima de una persecución y denuncia irregularidades en el proceso. “El apuro con que se impulsa este juicio político vulnera garantías básicas. Hay recusaciones y recursos pendientes que no fueron resueltos”, señaló.

Desde la acusación, el abogado Rodolfo Baqué aseguró que Makintach “puso en riesgo la credibilidad del Poder Judicial” al haber negado la existencia del documental en un principio. También adelantó que pedirá el jury para los otros dos jueces que integraban el tribunal con ella.

Makintach, por su parte, afirma que las grabaciones “no fueron clandestinas” y que todos los miembros del tribunal estaban al tanto. Además, pidió la nulidad del proceso, recusó a los fiscales y denunció espionaje ilegal.

Si el jurado resuelve destituirla, el proceso penal seguirá su curso. En caso de ser absuelta, la causa penal quedará archivada. Actualmente, la jueza está suspendida y percibe solo el 40% de su salario, tras una decisión de la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense, que también le impidió renunciar mientras avanza la investigación.