Ante el amparo de la CGT, el Gobierno prepara su estrategia judicial para defender la reforma laboral

El gobierno de Javier Milei comenzó a delinear su estrategia legal para sostener la reforma laboral frente a la ofensiva judicial presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT).

La central obrera impulsó un recurso de amparo con el objetivo de frenar la aplicación de algunos artículos de la ley recientemente promulgada, especialmente los vinculados al traspaso del fuero laboral de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires.

La presentación fue realizada ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 7, a cargo del juez Enrique Lavié Pico. Allí la CGT solicita que se declare la nulidad y la inconstitucionalidad de esas disposiciones, al considerar que no se cumplieron los procedimientos constitucionales necesarios.

Desde el sindicalismo también advierten que el cambio podría provocar problemas en el funcionamiento del sistema judicial laboral y generar incertidumbre entre los trabajadores y empleados de ese fuero.

En la Casa Rosada, en tanto, consideran inevitable que la reforma sea judicializada. Por ese motivo, semanas atrás comenzaron a preparar un equipo de abogados dedicado a responder las presentaciones que puedan surgir contra la nueva normativa.

La coordinación de esa estrategia quedará ahora bajo la órbita del Ministerio de Justicia, recientemente asumido por Juan Bautista Mahiques. Sin embargo, dentro del Gobierno anticipan que el trabajo también incluirá la participación de otros organismos.

Entre ellos se encuentra la Procuración del Tesoro de la Nación, que representa jurídicamente al Estado, y que recientemente designó como titular a Sebastián Amerio.

Además, la estrategia legal también involucraría a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, dirigida por María Ibarzabal Murphy, así como al entorno del asesor presidencial Santiago Caputo.

Dentro del oficialismo creen que el conflicto terminará resolviéndose en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tendrá la última palabra sobre la constitucionalidad de los cambios impulsados por el Ejecutivo.

Entre los puntos que podrían generar mayor cantidad de litigios se encuentran la prioridad que la reforma otorga a los convenios de empresa por sobre los convenios colectivos nacionales, las modificaciones en el cálculo de indemnizaciones y el límite a la ultraactividad de los acuerdos laborales.

A esto se suma el debate por el traspaso de la Justicia del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires, una discusión institucional que se arrastra desde la reforma constitucional de 1994 y que vuelve a cobrar relevancia con esta iniciativa del Gobierno.

Mientras tanto, la CGT mantiene su postura crítica y no descarta nuevas presentaciones judiciales ni medidas de fuerza. Desde el entorno presidencial, en cambio, confían en que la reforma superará los cuestionamientos y sostienen que el proceso de modernización laboral seguirá adelante.