Una denuncia penal compromete el futuro político de la titular del Ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello, dependencia en donde no paran de aparecer sorpresas. Tres distintas presentaciones apuntan al  mecanismo de contratación de personal utilizado por la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia a través de convenios con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) que se habría utilizado para pagarles a quienes no tenían designación oficial, o sea, que no trabajaban, para sobresueldos y para sacar una diferencia y cambiarla por dólares (o sea, hacían caja política).

El magnate se convirtió en el primer presidente en la historia de los EE. UU. en ser condenado por un delito penal, luego de que un jurado lo declarase culpable de encubrir un pago de dinero para silenciar a una actriz porno, con quien tuvo una relación.

Durante toda esta semana nos encontramos con que sale o no sale el Dictamen de comisiones en el Senado de la Ley Bases y el Paquete Fiscal. Y hasta incluso el Sr Presidente de la Nación llegó a decir que no importa sino sale la Ley de Bases.

Una decena de beneficiarios de planes sociales, que fueron los testigos y dieron testimonio en la causa que investiga cómo eran extorsionados por dirigentes piqueteros, fueron incluidos dentro del programa de protección de testigos que depende del Ministerio de Seguridad por temor a represalias.

El derrumbe de la utopía del Fenómeno Milei despeja el camino para el peronismo de reserva.

Son 8 años para Javier y otros 8 años para Karina.

Un gendarme amenazó a un grupo de maestros que protestaba reclamando mejoras salariales, en la Ruta 41 en  la localidad de San Vicente, provincia de Misiones. Uno de los efectivos de la fuerza no tuvo mejor idea para tratar de despejar el corte que decirle al líder del grupo: “No quiero sacar la escopeta y tirarle a un docente”.

Felicitas Alvite es una tiktoker platense que atropelló y mató a un motociclista, y que se pavoneaba de su afición por conducir a alta velocidad. Quedó detenida el jueves a la noche en una dependencia de la Policía Provincial.

Máximo Thomsen cambió de abogado y cuestionó el trabajo de su anterior representante legal. Por medio de una presentación ante la Suprema Corte de la Provincia, da una versión de los hechos donde niega que haya habido premeditación para matar a Fernando Báez Sosa.

Fue el primero de los rugbiers condenados por el crimen brutal de Fernando Báez Sosa en romper el pacto de silencio. Desde la cárcel, donde cumple su condena de prisión perpetua, asegura que se formó una imagen equivocada de él y responsabiliza a los medios.