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Universidades: el Gobierno vuelve a desobedecer a la Justicia y aplicará solo un aumento del 3 por ciento a los docentes

El Ejecutivo mantuvo la oferta salarial pese al rechazo de los gremios y sostiene que con la suba cumple la cautelar vigente por la Ley de Financiamiento Universitario. Los sindicatos cuestionan el cálculo y reclaman una recomposición de hasta el 35%.


El Gobierno y los gremios de docentes universitarios no llegaron a un acuerdo en la paritaria de este jueves y el Ejecutivo decidió avanzar de todos modos con un aumento salarial del 3%.

La medida vuelve a poner al Gobierno en el centro de una disputa con la Justicia por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La cautelar que obliga al Estado a avanzar con la recomposición salarial continúa vigente, luego de que la Justicia rechazara el pedido oficial para dejarla sin efecto.

Pese a esto, el Ejecutivo sostiene que el aumento del 3% alcanza para cumplir con la resolución judicial y que la recomposición debe calcularse tomando como referencia los acuerdos salariales alcanzados durante el año.

La reunión paritaria comenzó a las 11 y retomó la negociación que había quedado en cuarto intermedio el 1° de septiembre. Los funcionarios no presentaron una nueva propuesta y mantuvieron el porcentaje que ya había sido rechazado por las organizaciones sindicales.

Desde el Gobierno tomaron como referencia el acuerdo alcanzado el 10 de junio, que acumuló una recomposición del 35%, y sumaron el 3% ofrecido ahora para argumentar que se está avanzando en el cumplimiento de las actualizaciones salariales reclamadas por la Justicia.

Los gremios rechazan esa interpretación y sostienen que el Ejecutivo debe aplicar el mecanismo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario, que contempla la recuperación del poder adquisitivo perdido desde diciembre de 2023.

Según los cálculos sindicales, todavía falta alrededor de un 23% para recuperar aquel nivel salarial. En otras estimaciones, la recomposición pendiente se ubica cerca del 35%, dependiendo de las variables y períodos que se tomen para realizar el cálculo.

La disputa no es solamente salarial. También existe una diferencia sobre el alcance de la cautelar y sobre qué debe considerarse como cumplimiento efectivo de la ley.

El juez federal Martín Cormick había rechazado a comienzos de septiembre el pedido del Gobierno para levantar la medida cautelar y ordenó que el Estado presentara información documentada sobre los avances realizados. La resolución mantiene vigente la obligación vinculada con la actualización de salarios docentes y no docentes y las becas estudiantiles.

Mientras tanto, los sindicatos anticipan que el conflicto podría profundizarse con nuevos paros y una marcha federal universitaria prevista para mediados de octubre.

También se negocia con los no docentes

La discusión continuará esta tarde, cuando a las 15 se reúna el Gobierno con los trabajadores no docentes de las universidades nacionales.

Para ese sector, el Ejecutivo anticipó que mantendrá la misma oferta del 3%, por lo que tampoco se espera un acuerdo.

El conflicto salarial se desarrolla además en paralelo al debate por el Presupuesto 2027. El proyecto contempla $7,349 billones para funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calcula que serán necesarios alrededor de $11 billones durante el próximo año.

Los rectores sostienen además que, si se incorpora el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario según su interpretación, el monto debería ubicarse cerca de los $9,8 billones, antes de sumar otras actualizaciones.

El Gobierno rechaza que exista un recorte nominal y sostiene que los fondos previstos para 2027 representan un incremento respecto de las partidas de 2026. Las universidades y los gremios, en cambio, cuestionan esa comparación porque consideran el efecto de la inflación y la pérdida salarial acumulada.

Así, la paritaria terminó nuevamente sin acuerdo y con una disputa que excede el porcentaje de aumento: mientras el Gobierno sostiene que el 3% permite cumplir con la cautelar, los gremios denuncian que la recomposición todavía está lejos de lo que establece la ley y que el Ejecutivo vuelve a incumplir una resolución judicial vigente.

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