La Corte Suprema dejó vigente la cautelar que obliga al Gobierno a cumplir con el financiamiento universitario

La Corte Suprema de Justicia rechazó este jueves un recurso presentado por el Gobierno nacional y dejó vigente la medida cautelar que ordena aplicar dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario vinculados a la actualización salarial de docentes y no docentes y a la recomposición de becas y programas estudiantiles.

La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron que los recursos extraordinarios presentados por el Ministerio de Capital Humano no estaban dirigidos contra una sentencia definitiva, requisito necesario para habilitar la intervención del máximo tribunal.

De esta manera, la Corte no se pronunció sobre el fondo de la controversia, es decir, sobre la validez del decreto 759/25 mediante el cual el Poder Ejecutivo intentó suspender la aplicación de determinados artículos de la Ley 27.795. Sin embargo, al rechazar la apelación oficial, mantuvo vigente la cautelar mientras continúa el trámite judicial.

La causa fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que cuestionó la decisión del Gobierno de dejar sin efecto aspectos centrales de la norma aprobada por el Congreso. Entre ellos, la actualización de los salarios universitarios y el financiamiento destinado a becas y programas académicos.

El fallo llega semanas después de que el Gobierno alcanzara un acuerdo con las universidades nacionales para reforzar las partidas presupuestarias destinadas al sistema. Según lo anunciado, se contempló un incremento del 24,33% para salarios, una suba del 20% en los gastos de funcionamiento y una ampliación de los fondos destinados a hospitales universitarios.

No obstante, desde distintos sectores universitarios remarcaron que esos recursos continúan por debajo de los niveles previstos en la Ley de Financiamiento Universitario, que establece una asignación equivalente al 0,75% del Producto Bruto Interno.

Al momento de conceder la cautelar, la Justicia había señalado que el Congreso insistió con la sanción de la ley pese al veto presidencial y consideró que el intento de suspender su aplicación mediante una norma de menor jerarquía podía generar perjuicios concretos para el sistema universitario.

Además, el tribunal sostuvo que el deterioro salarial de docentes y trabajadores universitarios podría afectar el normal funcionamiento de las instituciones y comprometer el derecho a enseñar y aprender. También evaluó que el impacto fiscal derivado de la aplicación de la norma no representaba una afectación significativa para las cuentas públicas.

Aunque la decisión no resuelve de manera definitiva la disputa entre el Gobierno y las universidades, fortalece la posición de las casas de estudio mientras avanza el proceso judicial que deberá determinar si el decreto cuestionado es compatible con la ley sancionada por el Congreso.