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Un fallo tramposo

La Corte aceptó fallar sobre un tema objetivamente abstracto para este caso, como la autonomía federal de la Ciudad, cuando lo que se encuentra en cuestión son la pandemia y la llamada ´segunda ola´ de contagios del Covid-19, con su secuela de muertes y la explosión del sistema de salud.

El fallo de la Corte contra el DNU que suspende las clases presenciales en el área metropolitana de Buenos Aires constituye un golpe a la línea de flotación del gobierno de los Fernández. En especial, por su contenido falaz, o sea, una intencionalidad motivada políticamente. El único recurso que le queda a los Fernández después de este fallo, no es un inexistente tribunal por encima de la Corte, sino las elecciones nacionales de este año, que tampoco lucen prometedoras.

La Corte aceptó fallar sobre un tema objetivamente abstracto para este caso, como la autonomía federal de la Ciudad, cuando lo que se encuentra en cuestión son la pandemia y la llamada ´segunda ola´ de contagios del Covid-19, con su secuela de muertes y la explosión del sistema de salud. Como ocurre en muchas provincias con los distritos integrados territorialmente a las capitales, es imposible tratar la pandemia en forma escindida. De un modo más general, pero no por ello menos concreto, la crisis humanitaria desatada por la ´pan-demia´ es intratable en términos nacionales. El capitalismo, precisamente, sólo puede abordarla en términos de rivalidades comerciales y geopolíticas, lo cual implica las guerras. Para colmo de arbitrariedades, los juristas supremos invocan que el estado nacional ejerce la soberanía por delegación de las provincias, cuando es claro que esto no vale para la Ciudad, que no existía como tal en la fecha fundacional de la Nación, y era parte de la Provincia de Buenos Aires.

 

Bolsonaro

 

La falacia de la Corte se manifiesta con mayor claridad cuando comparamos con las decisiones del Supremo Tribunal Federal de Brasil. También en este caso, los cortesanos han fallado contra la discrecionalidad del estado nacional, pero por los motivos contrarios a los que han exhibido nuestros cuatro mosqueteros máximos. En Brasil, la Justicia ha respaldado el derecho de los estados a imponer restricciones a las actividades no esenciales y el cierre de escuelas, contra la política de libertinaje criminal de Jair Messias Bolsonaro. Rosenkrantz, Lorenzetti, Rosatti y Maqueda, de acuerdo a lo que han fallado, se habrían declarado incompetentes en el país vecino, porque la defensa del federalismo signfica allí el cierre de actividades. Este relato se puede puede reproducir con lo ocurrido en Estados Unidos, bajo Trump, que culminó con el asalto golpista al Capitolio de Washington, en enero pasado.

Los cortesanos que ´supimos conseguir´, todos, por otra parte, menos uno, de filiación proto-kirchnerista, advierten por sí mismos la falacia de juzgar sobre la autonomía federal en un cuadro de pandemia, cuando se pronuncian, en los considerandos, sobre esta misma pandemia. Ahí repiten el libreto de las grandes patronales, en particular de la educación privada, y del clero, acerca de que las escuelas no contagian y de que el gobierno no ha provisto las estadísticas que indiquen lo contrario. Por supuesto, que “las escuelas” no contagian, porque el virus se transmite entre personas, no edificios. Pero la mayor parte de los epidemiólogos se ha pronunciado por el cierre. Después de todo, esta ´nueva ola´ ha irrumpido con el inicio del año escolar, en un escenario de temperaturas moderadas. Como el gobierno de los Fernández era partidario de la presencialidad, así como el macrismo y la mayoría de la izquierda, quienes hoy claman por la suspensión son responsables del desastre que han creado. En Europa, todos los países, sin excepción, han cerrado las escuelas en la ola infecciosa reciente, ni qué decir de Israel, que hoy exhibe resultados positivos no solamente por una vacunación que supera el 50 por ciento. Los juristas de marras no desconocen estos datos, y ellos mismos se han mandado a guardar en sus respectivos domicilios o propiedades.

 

La educación de Videla y Martínez de Hoz

 

Otra falacia significativa es que la política de educación es un derecho de las provincias. ¿Desde cuándo, señores de la Corte? Desde la dictadura militar y Martínez de Hoz, que desmantelaron la educación nacional, para liberar gastos federales y poder pagar la deuda externa. En algunas provincias existen las escuelas ´charter´, licitadas a privados, lo que no es el modo de garantizar la igualdad educativa que hoy la derecha invoca en TN, LN+ y América TV. Nos preguntamos si, como ocurre en Chile, la educación privada se municipalice, las provincias seguirán conservando el derecho que hoy les adjudica la Corte. La provincialización es el mayor golpe que se haya dado a la educación pública, ratificada por todos los ´gobiernos democráticos´ y la Convención de 1994 de los Alfonsín y los Zaffaroni.

La histórica ley nacional 1420, ¿provincializaba la educación? ¿Tienen pensado eliminar del calendario la fecha del 11 de septiembre, el día del maestro, en homenaje a Sarmiento? La oligarquía liberal no solamente impuso la unidad nacional mediante la masacre de indígenas; también mediante un esquema de educación nacional, que Videla liquidó y que hoy la Corte repudia.

 

Una movida política desestabilizadora

 

Como ocurre con un fallo reciente del Tribunal Constitucional de Chile, que le bajó el pulgar a Piñera al rechazar un recurso presidencial acerca del tema vital de los sistema de pensión, el fallo de la Corte de Argentina es una movida política, en el marco de una tendencia a la disgregación del gobierno y del conjunto del régimen vigente. Se produce en un escenario de fuerte inflación, crisis de la asistencia social en un marco de pandemia, repetidas fricciones en el FdT acerca de las negociaciones con el FMI, y en el marco de una fuerte presión del gobierno Biden, para alterar las relaciones de Argentina con China y Rusia. Esto explica la enorme crisis política vinculada a la provisión de vacunas, cumplimiento de contratos y negociados con medicamentos.

El fallo de la Corte se adelanta en otro punto, no menos importante. Advierte que impugnará cualquier ley que otorgue al Ejecutivo las facultades que establecía el DNU. La amenaza es una herramienta suficiente para persuadir a los bloques parlamentarios intermedios a acompañar un proyecto en esa dirección. Lo que Ángela Merkel obtuvo en Alemania, en Argentina sería inconstitucional. En definitiva, la Corte advierte al FdT que si el kirchnerismo va por ella, ella va por el kirchnerismo.

 

Estado de derecho

 

Toda esta crisis demuestra que la llamada “división de poderes” es una máquina de violentamiento de la soberanía popular. La Justicia debe ser un servicio público, no un poder constitucional del Estado, ejercido en forma vitalicia por un personal designado en trámites ajenos al conocimiento y decisión del pueblo. Lo mismo vale para los DNU – un recurso arbitrario que ejercen todos los gobiernos presidencialistas. El Ejecutivo debe ser electo por el Congreso y responsable ante él – el parlamento es la única residencia de la soberanía popular, no solamente con la condición de que sus representantes sean revocables, sino que la clase obrera y los trabajadores ejerzan la dirección de la economía y la política en su conjunto.

La lucha consecuente contra la pandemia requiere un gobierno de trabajadores, para que el capital pague el sostenimiento del distanciamiento social; para desarrollar la salud pública y enfrentar el hacinamiento habitacional; para expropiar a los monopolios farmacéuticos y poner en manos públicas la producción de vacunas, a nivel nacional e internacional. El fallo tramposo de la Corte es una demostración cabal de la impotencia del capital para lidiar con la pandemia y de la extendida conspiración política para defender los negocios capitalistas a costa de la salud y de la vida de los seres humanos. Pfizer acaba de anunciar un aumento del 130% de sus ganancias, en relación a sus perspectivas iniciales.

 

De autoconvocados y coordinadoras

 

La crisis política es irreversible. Como lo demuestra la rebelión popular en Colombia, los acuerdos con el FMI, con sus tarifazos y ajustes, son incompatibles con la situación de las masas. El escenario presenta dos alternativas: una polarización sin treguas, con vistas a un fallo electoral, o una última tentativa de acuerdo provisorio, que llevaría a la quiebra del FdT, por un lado, y hasta cierto punto también de JxC. Este escenario es suficiente para incitar a una rebelión popular, porque los trabajadores serán sus víctimas principales. Hoy mismo, el nivel de luchas ha crecido a la par de la pandemia – en la educación, la Salud, el transporte, la industria. El desarrollo de autoconvocatorias y coordinaciones es un síntoma inequívoco de una tendencia popular a intervenir en la crisis política. En la transición política que plantea la fractura del régimen vigente, está planteada la auto-organización de los trabajadores y la coordinación organizativa. Para oponer al desmadre de las patronales, el gobierno y los partidos de la burguesía, un gobierno de trabajadores, es necesaria una agitación política por la convocatoria de un Congreso de la clase obrera y los trabajadores.

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