Retroceso ambiental: el Gobierno promulgó la nueva Ley de Glaciares en medio de una fuerte ofensiva judicial
La norma, que redefine el esquema de protección de los glaciares en la Argentina, fue oficializada en el Boletín Oficial tras un debate legislativo tenso. Organizaciones ambientales ya anticipan una batalla judicial para frenar su aplicación.
En una medida que genera fuerte polémica, el Gobierno nacional promulgó la nueva Ley de Glaciares (N° 27.804) mediante el Decreto 271/2026, introduciendo cambios profundos en el régimen de resguardo de estas reservas estratégicas de agua dulce.
La iniciativa había sido aprobada el 8 de abril en la Cámara de Diputados en una sesión marcada por la paridad y la tensión política. Con 137 votos a favor y 111 en contra, el oficialismo logró avanzar con una reforma que reconfigura el modelo vigente desde 2010.
El eje central de la nueva normativa es la transferencia de facultades a las provincias. A partir de ahora, serán los gobiernos locales los encargados de establecer los criterios técnicos para definir qué áreas glaciares y periglaciares deben ser protegidas. Este cambio implica dejar atrás el esquema uniforme y centralizado que regía hasta el momento.
Según distintos sectores, esta “provincialización” podría habilitar actividades económicas —como la minería— en zonas que antes estaban resguardadas por el Inventario Nacional de Glaciares. Bajo el nuevo marco, aquellas áreas que no encuadren en los parámetros fijados por cada jurisdicción podrían perder su estatus de protección.
Desde el ambientalismo advierten que la reforma representa un retroceso en materia de derechos adquiridos. Cuestionan, principalmente, que la fragmentación de criterios debilita la protección ambiental y contradice el principio de no regresión, que impide reducir los niveles de resguardo previamente establecidos.
En paralelo, organizaciones sociales y asambleas ciudadanas comenzaron a coordinar acciones judiciales para intentar frenar la aplicación de la ley. El planteo central apunta a que los glaciares, como fuentes de agua que abastecen a múltiples regiones, no pueden quedar sujetos a decisiones aisladas de cada provincia.
Mientras el Gobierno defiende la medida como un avance hacia el federalismo y el impulso productivo, sectores críticos sostienen que se pone en riesgo la seguridad hídrica a largo plazo en favor de intereses económicos inmediatos.
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