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Responsabilidades concurrentes

La irracional confrontación acerca de la unificación de los servicios públicos de emergencia médica es un testimonio más de la pérdida de valores éticos en la sociedad argentina.

Es natural que todo empleado en relación de dependencia se preocupe por el mantenimiento de su fuente de trabajo y, sobre todo, por el salario que percibe por la prestación de sus servicios. Es natural, también, que los depositarios de un mandato de autoridad emitido por la ciudadanía en las urnas cumplan con su deber de ejercerlo sin admitir tutelajes ni, menos aún, resignarse a formas espurias de coadministración. Y todo esto, es tanto o más natural que el derecho a la asistencia médica que posee la ciudadanía, en especial los sectores económicamente más postergados y, en particular, en situación de emergencia.

Pero hay tal desnaturalización de los valores que resultan necesarias algunas nociones que son fundamentales en una sociedad racionalmente ordenada. La polémica y las resistencias sindicales que se arrastran desde hace demasiado tiempo en torno de la unificación de los servicios de ambulancias en la ciudad de Córdoba son un perfecto síntoma de esa confusión de roles. A esta altura del poder de coerción y retorsión acumulado por las entidades sindicales, resulta inimaginable que existan funcionarios dispuestos a inmolarse administrativa y políticamente si intentaran desafiar los derechos legítimos del personal que podría ser eventualmente afectados por esa unificación.

Hay una verdad evidente por sí misma: la ciudad de Córdoba posee uno de los servicios públicos de emergencia sanitaria más deplorables del país. El desamparo y la irritación de sus habitantes ya no admiten más dilaciones en la búsqueda y aplicación de soluciones de fondo. Están hartos de las soluciones de emergencia, de los vehículos destruidos, mal equipados, peor reparados; están profundamente agraviados por las esperas interminables a las que son sometidos quienes reclaman una atención médica de urgencia y finalmente deben acudir a la buena voluntad de vecinos o a la providencial aparición de algún patrullero policial. Esto debe terminar.

Funcionarios provinciales y municipales ya no pueden seguir recurriendo a urgentes paliativos, a soluciones transitorias. Deben obrar con celeridad, pero no desde la celeridad que únicamente sirve para acallar o atenuar por algunos días las críticas. Y la dirigencia sindical ya no debe accionar y reaccionar como si la defensa de intereses corporativos no tuviese límites.

Este es un problema de responsabilidades concurrentes; ninguno de los sectores involucrados está exento de ellas. No se llega a la crisis actual por un mero discurrir del tiempo. Este es, por sobre todo, un problema de solidaridad, solidaridad para con quienes padecen las más duras marginaciones. Si hay mucho de penoso y agraviante en todo esto es que dentro de pocos meses, cuando Córdoba sea subsede de la Copa América, aparecerán temporalmente ambulancias equipadas con tecnología de avanzada.