Procesaron a Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio del fentanilo contaminado
La Justicia determinó la detención preventiva del dueño del laboratorio HLB Pharma. Por su parte, el pasado miércoles los diputados definieron las autoridades de la comisión investigadora.
Este jueves, la Justicia Federal procesó al empresario farmacéutico y titular de HLB Pharma y Ramallo S.A., en el marco de la causa que investiga la muerte de 96 pacientes tras recibir fentanilo adulterado. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dictó además un embargo de un billón de pesos sobre sus bienes y confirmó los procesamientos de los demás detenidos.
García Furfaro fue considerado coautor penalmente responsable de “adulteración de sustancias medicinales que provocó la muerte de por lo menos 20 personas, en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud”. El artículo 201 bis del Código Penal establece penas de 10 a 25 años de cárcel en casos donde la adulteración o envenenamiento de fármacos derive en muertes.
Su madre, Nilda, había logrado la prisión domiciliaria, aunque también se le dictó prisión preventiva y un embargo de 500 mil millones de pesos. En la misma situación quedó Diego García Furfaro, hermano del empresario.
Antecedentes judiciales
El empresario ya contaba con antecedentes penales: en 2002 fue condenado a siete años de prisión por tentativa de homicidio contra un empleado de su restaurante. Tras cumplir la pena, ingresó al sector farmacéutico y expandió sus negocios con HLB Pharma Group, Ramallo S.A., Apolo, Alpharma S.A. y Droguería ABC 1 S.A.
Además, enfrenta otro procesamiento por contrabando agravado, tras haber declarado en la Aduana la importación de maquinaria china por cinco millones de dólares, cuando en realidad el valor era de apenas 500 mil.
Un informe del Instituto Malbrán resultó clave para acelerar las detenciones. Los especialistas advirtieron que los lotes de fentanilo HLB 31202 y 31244 presentaban “riesgos significativos para la calidad y seguridad del producto”.
Entre las irregularidades detectadas se señalaron:
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Procesos de producción poco robustos e inconsistentes.
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Fallas progresivas en el sellado de las ampollas, lo que comprometía la esterilidad.
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Turnos prolongados de personal en áreas asépticas, de hasta ocho horas continuas, fuera de los estándares recomendados.
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Controles de esterilidad realizados mediante “pooling” de lotes, lo que impedía la trazabilidad y aumentaba el riesgo de falsos negativos.
El Malbrán también detectó la presencia de bacterias peligrosas como Ralstonia mannitolilytica —capaz de generar sepsis graves en pacientes inmunocomprometidos— y Klebsiella pneumoniae MBL NDM-5, un bacilo multirresistente a los antibióticos más potentes. Las mismas cepas fueron halladas en las ampollas incautadas y en muestras tomadas a pacientes afectados.
La magnitud de la tragedia, 96 pacientes muertos, y las irregularidades detectadas convierten a este expediente en una de las causas judiciales más graves vinculadas a la industria farmacéutica en el país. Ahora la justicia federal avanza en determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los directivos de los laboratorios implicados.
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