Procesaron a Alberto Fernández en la causa Seguros

El juez federal Sebastián Casanello resolvió este jueves procesar al ex presidente Alberto Fernández en el marco de la denominada "causa Seguros", por el presunto direccionamiento del negocio millonario del coaseguro estatal hacia Nación Seguros. Además, le aplicó un embargo sobre sus bienes por $14.634.220.283.

El procesamiento se dictó por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, a raíz del decreto 823 que firmó Fernández durante su gestión presidencial. Dicha norma eliminó el sistema de coaseguro, consolidando el monopolio en favor de Nación Seguros.

Junto a Fernández también fueron procesados el broker Héctor Martínez Sosa, su pareja María Cantero –histórica secretaria del expresidente–, y varios ex directivos de Nación Seguros, entre ellos Alberto Pagliano, Gustavo García Argibay, Sebastián Díaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria, Mauro Tanos, y los ex responsables del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (Santiago Fraschina y Federico D’Angelo Campos).

Según el fallo, de más de 400 páginas, Martínez Sosa y su entorno cobraron casi el 60% de las comisiones por coaseguros entre 2019 y 2023, lo que equivale a $2.297 millones. Solo en contratos con 19 organismos públicos, su firma embolsó $366 millones, cifra que se eleva a $416 millones si se incluye lo percibido en 2024.

Una de las pruebas clave fue un informe de la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), que reveló que entre 2010 y 2019, Fernández le facturó a Martínez Sosa $4.257.000 por supuestos informes políticos y económicos. La última factura fue emitida cuatro días antes de asumir la Presidencia.

Aunque los abogados aseguran que se trató de un vínculo profesional legítimo, para el juez la relación comercial y la posterior concentración de contratos en manos del broker durante la gestión de Fernández levantan fuertes sospechas de tráfico de influencias y direccionamiento.

Casanello dictó la falta de mérito para varios empresarios involucrados, entre ellos Oscar Castello, Ernesto Mercuri, y Laura Crisafulli, entre otros. El magistrado decidió revisar toda la causa desde que asumió el expediente en febrero y profundizó líneas de investigación abiertas por el juzgado anterior.

El expediente seguirá avanzando mientras se esperan definiciones sobre si se elevará a juicio oral, y si se investigarán nuevos vínculos entre ex funcionarios y contratistas del Estado.