¿Normalizar o adoctrinar? La política de Gran Hermano que busca imponer el Gobierno
La abogada que interpuso un recurso de amparo para evitar que se difunda información personal desmenuza la polémica resolución.
Por Valeria Carreras
@dravaleria
Ayer se publicó la resolución 166/2016 por la cual se celebra un convenio entre el ANSES y la Secretaria de Comunicación, que depende de la Jefatura de Gabinete de la Nación, por la cual la base de datos de dicho organismo será utilizada por la Secretaría a los fines de: instrumentar políticas públicas, clasificar la información, segmentarla y "normalizarla".
Ante este término, inmediatamente el radar interno me hizo ruido y evalué qué sería para el Gobierno dicha normalización. A poco de leer el anexo con los datos que se brindarán, se puede ver estado civil: ¿será que si detectan que estoy en unión convivencial me obligarán a casar para "normalizarme"? ¿Será que si detectan que estoy unida a una persona del mismo sexo querrán "normalizarme" o "curarme"? Más sabiendo que Rodríguez Larreta llegó a decir que la homosexualidad es una enfermedad...
¿Hasta dónde las buenas intenciones se harán trizas con la realidad? Inmediatamente, y teniendo un hijo menor de edad, decidí quejarme y accionar ante la Justicia para que se expida por la inconstitucionalidad de la resolución, salvaguardando mi derecho constitucional a proteger un dato sensible como es mi sexualidad.
Pero, además de ello, la intención también es poner un freno a quienes manejen la información, como mi mail, mi domicilio y mi teléfono, siendo que puede caer en manos non sanctas y perjudicarme. Incluso considero que este Gobierno podría pretender hacer política partidaria a través de las redes sociales, del mail, como dicen los considerandos de la resolución en jaque.
Otro aspecto a tener presente es mi derecho a la intimidad, la cual se vería vulnerada siendo accesible a más de un organismo, lo que surge del anexo sobre medidas de seguridad informática, las que al día de hoy son posibles de hackear.
Mientras avanza el día, y luego de haber interpuesto el recurso de amparo, han salido al cruce los protagonistas Basavilbaso (de Anses) diciendo que solo se dará nombre, DNI y correo electrónico, lo cual no es cierto pues de la norma surge otra cosa. También el exceso de explicaciones de Marcos Peña, aclarando que no será espionaje ni mucho menos, me inquieta.
Espero que la Justicia tome cartas en el asunto y el tema pueda ser debatido en la sociedad previamente.