Malvinas: vence el ultimátum al Reino Unido y el Gobierno prepara una presentación ante el Tribunal del Mar
El próximo lunes se agotará el plazo de dos semanas que la Argentina le dio a Londres para frenar el proyecto petrolero Sea Lion. La Cancillería busca que la Justicia internacional dicte medidas provisionales para impedir que avance la explotación de hidrocarburos, cuya primera producción está prevista para 2028.
El Gobierno se prepara para avanzar con una nueva medida diplomática y judicial en el conflicto con el Reino Unido por la explotación petrolera en las Islas Malvinas. El lunes 12 de octubre vencerá el plazo de dos semanas que la Argentina concedió a Londres para detener las actividades vinculadas con el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
Ante la falta de una respuesta que satisfaga el reclamo argentino, la Cancillería trabaja en una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, para solicitar medidas provisionales que impidan que el emprendimiento avance mientras se tramita el arbitraje internacional.
La presentación todavía no tiene fecha definida, pero el Gobierno espera que, si se concreta durante octubre, pueda obtenerse una primera resolución en noviembre. El resultado no está garantizado: los jueces deberán evaluar si tienen competencia para intervenir y si existen razones suficientes para adoptar medidas urgentes.
Qué puede pasar después del vencimiento del plazo
El vencimiento del ultimátum no implica que el Tribunal del Mar vaya a intervenir automáticamente. La Argentina deberá formalizar el pedido, fundamentar la urgencia y demostrar que la continuidad de las actividades petroleras puede afectar los derechos que busca preservar.
La estrategia oficial contempla dos vías. Por un lado, el arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que permitirá discutir la controversia de fondo. Por otro, la solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que puede evaluar pedidos urgentes antes de que se constituya el tribunal arbitral.
El arbitraje podría extenderse durante años, mientras que el procedimiento para obtener medidas provisionales tiene plazos más acotados. Si el Tribunal admite el planteo, podría ordenar restricciones para evitar que el proyecto avance mientras se desarrolla el litigio. También podría rechazar la solicitud o disponer medidas de otro alcance.
La decisión de recurrir al sistema internacional fue anunciada el 28 de septiembre por la Oficina del Presidente. En ese momento, Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar el arbitraje contra el Reino Unido por las actividades hidrocarburíferas en la zona.
“Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte”, escribió el mandatario en su cuenta de X. También advirtió que, si Londres no frenaba las actividades en el plazo de dos semanas, la Argentina acudiría al Tribunal del Mar.
El canciller Pablo Quirno confirmó que el país notificó formalmente al Reino Unido el inicio del arbitraje. Además, sostuvo que las empresas que exploren o exploten recursos naturales en las islas sin autorización argentina deberán enfrentar consecuencias.
Los argumentos jurídicos de la Argentina
El planteo argentino se apoyará en la disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas, las obligaciones establecidas por la CONVEMAR y la necesidad de evitar acciones unilaterales que puedan agravar el conflicto.
La Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, aprobada en 1965, reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas e instó a ambos países a encontrar una solución mediante negociaciones.
A su vez, la Resolución 31/49, aprobada en 1976, pidió a las partes abstenerse de adoptar decisiones que implicaran modificaciones unilaterales de la situación mientras continuara pendiente el proceso recomendado por la Asamblea General. El Gobierno argentino considera que el avance de Sea Lion contradice ese principio.
La Cancillería también buscará respaldar su posición en las obligaciones de protección del medio marino y de los recursos del lecho y el subsuelo marinos. En ese marco, podría invocar el artículo 83.3 de la CONVEMAR, que establece que los Estados deben procurar acuerdos provisionales y evitar acciones que pongan en peligro u obstaculicen una solución definitiva mientras se encuentra pendiente la delimitación de una plataforma continental.
Sin embargo, la aplicación de esa disposición al caso Malvinas puede ser discutida. El artículo se refiere a controversias de delimitación marítima y no resuelve por sí solo las disputas de soberanía territorial.
Ese es uno de los principales desafíos jurídicos de la estrategia argentina: el Tribunal del Mar no tiene competencia general para determinar a qué país pertenecen las islas. Por eso, el Gobierno deberá formular su reclamo en términos de los derechos y obligaciones marítimos contemplados en la Convención, sin pedir que ese organismo resuelva directamente la cuestión de soberanía.
El Reino Unido podría cuestionar la competencia del Tribunal y sostener que el conflicto exige resolver previamente la disputa territorial.
El antecedente de la Fragata Libertad
Uno de los antecedentes que el Gobierno puede tomar como referencia es el caso de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012 a raíz de una acción judicial impulsada por acreedores de la deuda argentina.
Durante la presidencia de Cristina Kirchner, la Argentina inició un arbitraje bajo el Anexo VII de la CONVEMAR y solicitó medidas provisionales ante el Tribunal del Mar para obtener la liberación del buque.
El pedido fue presentado el 14 de noviembre de 2012. Después de las audiencias realizadas el 29 y el 30 de ese mes, el Tribunal ordenó el 15 de diciembre que Ghana liberara inmediatamente y sin condiciones a la fragata, permitiera la salida de su comandante y tripulación y garantizara las condiciones para que abandonara el puerto.
Aunque los fundamentos jurídicos son diferentes, el antecedente muestra que el Tribunal puede adoptar medidas urgentes sin esperar la resolución definitiva del arbitraje.
También existe un caso vinculado directamente con la explotación petrolera. En 2015, Costa de Marfil recurrió a una sala especial del Tribunal en su controversia con Ghana por la delimitación marítima. El litigio incluía actividades de perforación y explotación de hidrocarburos en un área disputada.
Costa de Marfil pidió suspender las operaciones. La sala no aceptó íntegramente ese planteo, pero ordenó a Ghana impedir nuevas perforaciones mientras avanzaba el proceso y dispuso otras medidas para proteger los derechos de las partes y el medio marino.
El antecedente podría resultar relevante para el caso Sea Lion, aunque las circunstancias jurídicas de ambos conflictos no son idénticas.
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