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Los devoran los de afuera

Con el objetivo de flexibilizar las barreras arancelarias y paraarancelarias del MERCOSUR y de compensar las asimetrías, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou solicitó el ingreso de su país al Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífico, en una afrenta a la normativa del bloque. Sus socios, descontentos, se lo hicieron saber. En este contexto ocurrirá la LXI cumbre de presidentes.

A poco tiempo de asumir su mandato presidencial y tras el impacto inicial de la pandemia del COVID-19, el mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou comenzó, durante los primeros meses del 2021, a plantear sus diferencias con respecto a algunas normativas presentes en los estatutos del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y las constricciones que ellas implican en relación a la libertad de comerciar de manera individual con Estados o bloques extrarregionales. De este modo, anunció que el país charrúa buscaría flexibilizar determinados aspectos estructurales del organismo, con el objetivo de lograr diferentes acuerdos de libre comercio, pero especialmente con el foco puesto en China en tanto socio.

Vigorizado por la comunión ideológica con su par brasileño Jair Bolsonaro, buscó infructuosamente consenso para lograr la reducción del arancel externo común, de las medidas paraarancelarias, y buscó la liberalización de las pautas, como también expresó su descontento ante los mecanismos existentes (según su óptica insuficientes) de compensación por las asimetrías y la diferente capacidad productiva entre los mercosureños. En este marco, y a raíz de la resistencia impuesta por Argentina, la indiferencia de Paraguay y el retroceso de la impronta aperturista de un Brasil cada vez más ocupado en su política doméstica, la batalla contra las consecuencias de la pandemia y el proceso electoral, Lacalle Pou impulsó dos procesos de negociación individual en el escenario internacional: un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, cuyo inicio de conversaciones tuvo lugar en julio de 2022 y, más recientemente, el pedido formal de que su país ingrese al Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífico (CPTPP o TPP11 por sus siglas en inglés).

Esta definición de Uruguay parece ir a contracorriente de las tendencias en el ámbito regional: se trata de un contexto en el cual toma cada vez más preponderancia la restauración de los bloques regionales como principal espacio de apoyo económico entre los Estados, el friendshoring (un fortalecimiento de los vínculos entre socios considerados confiables) y un retroceso de las cadenas globales de valor, ante la evidente volatilidad de las mismas en un marco de alta incertidumbre global, principalmente como consecuencia de la pandemia y de la guerra entre Rusia y Ucrania.

El Acuerdo al que pretende ingresar el Estado uruguayo es uno de integración económica plurilateral en la región de Asia Pacífico que involucra a 11 países: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Su creación es un desprendimiento del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), del cual supo formar parte Estados Unidos hasta 2017, cuando su presidente, Donald Trump, optó por retirarse. Se trata de un bloque que fue robustecido por parte del gigante norteamericano, a partir de la preocupación por la presencia y fortalecimiento de los vínculos de China con sus socios regionales.

Por tratarse de un acuerdo de cooperación que excede lo meramente económico, Uruguay, para ser miembro pleno, deberá realizar modificaciones en legislaciones sobre diversos temas, entre los que se encuentran aspectos ambientales, normativa laboral,  propiedad intelectual, regulación de las compras públicas y aquellos mercados que cuentan con participación del Estado. Entre las principales consecuencias de este proceso se encuentra el impacto en las áreas vinculadas con los recursos estratégicos, en los cuales el Estado tiene participación mayoritaria. El ejemplo sobresaliente lo constituye la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), en la medida en que el acuerdo elimina las preferencias para la industria local en las compras públicas y empresas del Estado. Al mismo tiempo, el gobierno deberá abrir más enfáticamente las operaciones al capital privado, haciendo las modificaciones necesarias en la legislación interna. Otro aspecto relevante y sobre el que deberá cambiar la normativa es el vinculado a la propiedad intelectual, en especial por la falta de aprobación legislativa del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, que implicará que algunos medicamentos que hoy se elaboran solamente de manera local, puedan producirse también en el exterior, con el consabido impacto sobre la industria farmacéutica uruguaya.

Más allá de las cuestiones declamatorias, el CPTPP hasta el momento no contó con nuevos ingresos desde su conformación. En caso de avanzar con el pliego de ingreso y la adecuación normativa, Uruguay se sumará a una lista de espera que ya cuenta con la presencia del Reino Unido, China, Ecuador y Taiwán.

En este tensionado contexto tiene lugar, desde el lunes 5 de diciembre, la LXI Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común, en la cual, además de la habitual reunión semestral para discutir el rumbo del bloque, habrá traspaso de mando. Por el próximo período, la presidencia Pro Témpore estará a cargo de Argentina. Para esta cumbre ya confirmaron su presencia Alberto Fernández y Mario Abdo Benítez, junto con el vicepresidente de Brasil Hamilton Mourao.

La relevancia de esta cumbre se magnifica si atendemos a que la adhesión de Uruguay al CPTPP se da de bruces con su pertenencia como miembro pleno del MERCOSUR y así se lo hicieron saber sus contrapartes en un comunicado conjunto publicado por los coordinadores nacionales de los otros tres países ante el Grupo Mercado Común del Sur (órgano ejecutivo del bloque que se encarga de dirigirlo). En el documento informan a su par uruguayo que, en caso de que ocurriera el ingreso al CPTPP, podrían “avanzar con las medidas que juzguen necesarias para defender sus intereses en el ámbito jurídico y comercial”. Esta estrategia es inédita en los 31 años que tiene el bloque: representa un punto de tensión sin precedentes.

Vale destacar que, a pesar de las diferencias en la identificación político partidaria de los socios, de las modificaciones que se le han hecho a su estructura y de momentos de mayor o menor cooperación con la correspondiente flexibilización o endurecimiento de las metas, el MERCOSUR fue una política de Estado en materia de relaciones exteriores que han mantenido los cuatro países desde la firma del Tratado de Asunción en 1991. El momento de tirantez actual entre el gobierno uruguayo y sus contrapartes es un hecho novedoso en lo que hace a las relaciones entre los socios.

Más allá del objetivo esgrimido de la falta de observancia de las asimetrías entre los países grandes y los pequeños del bloque, de lo que se trata es de la imposición de proyectos políticos-estratégicos y de la puja de intereses que atraviesan al bloque. El MERCOSUR, en tanto espacio de cooperación sudamericana, ha servido, y sirve, como mecanismo de negociación con terceros países o bloques con una posición fortalecida. A la vez, es un espacio relevante de colocación de exportaciones, entre las que se destacan los productos de mayor valor agregado. Por ello, en contextos como el actual, de alta tensión entre los socios más estables que tiene el Cono Sur, es válido recordar al célebre José Hernández y su Martín Fierro porque, “si los hermanos se pelean…

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