Ley de Tierras: tras el fallo de la Corte, el Gobierno considera que la oposición no reunirá quórum para rechazar el DNU de Milei

Este viernes , el Gobierno consideró favorable el nuevo fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras y considera que puede desarticular la sesión opositora convocada para avanzar contra el DNU 70/2023.

En la Casa Rosada creen que la restitución provisoria de las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros elimina uno de los principales argumentos que utilizaron distintos bloques para impulsar el rechazo integral del decreto.

La Corte suspendió interinamente los efectos del artículo 154 del DNU 70, que había derogado la Ley 26.737, hasta que el Juzgado Federal de Bariloche resuelva sobre la legitimación de los demandantes y analice el pedido de cautelar. La decisión no resolvió la constitucionalidad del decreto ni cerró definitivamente la discusión judicial.

En Nación sostienen que ese escenario modifica la negociación parlamentaria. El oficialismo viene hablando con bloques aliados y confía en que la oposición no reunirá el quórum necesario para abrir la sesión especial, aunque continuará las conversaciones durante los próximos días para evitar que el DNU llegue al recinto.

La lectura que hacen en Balcarce 50 es que los diputados que cuestionaban específicamente la eliminación de los límites a la extranjerización de tierras ya no necesitan acompañar el rechazo completo del decreto para mantener esas restricciones vigentes. La Justicia dejó suspendido el artículo cuestionado mientras continúa el expediente.

Ese cambio también puede modificar la estrategia que el Gobierno venía preparando en Diputados. Hasta esta semana, el oficialismo analizaba volver a incorporar un capítulo sobre tierras rurales dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para ofrecerles una alternativa legislativa a los bloques dialoguistas.

Ahora, en la Casa Rosada evalúan no avanzar con ese proyecto ni sumar nuevamente el capítulo de Tierras mientras la cuestión siga judicializada. La posición que gana espacio es evitar reabrir una discusión que el Ejecutivo considera políticamente costosa y esperar la resolución de los tribunales inferiores.

El giro supone abandonar, al menos por ahora, el intento de volver a discutir en el Congreso las restricciones que el Gobierno había eliminado mediante el DNU 70. En sectores del Ejecutivo reconocen que la liberalización de la compra de tierras por extranjeros nunca tuvo suficiente respaldo político ni social y que insistir con el tema puede generar un conflicto innecesario.

Esa evaluación ya había aparecido después de los primeros traspiés parlamentarios. Funcionarios nacionales admitían que se trataba de una discusión difícil de defender ante la opinión pública y que tampoco existía una demanda fuerte de la propia base electoral libertaria para eliminar completamente los límites establecidos por la legislación anterior.

El nuevo pronunciamiento de la Corte refuerza ahora esa posición. Dentro del Gobierno interpretan que la vía judicial puede absorber el conflicto sin necesidad de abrir nuevamente el frente político, aunque el Ejecutivo mantiene formalmente su postura sobre la validez del DNU y no existe una definición de fondo sobre el artículo cuestionado.

El expediente resuelto por la Corte es diferente al que había impulsado el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata. En aquella causa, el tribunal rechazó la demanda por falta de legitimación para invocar la soberanía como bien colectivo. Árbol de Pie y otros actores plantearon, en cambio, derechos vinculados con la protección ambiental y los territorios de comunidades indígenas.

La mayoría integrada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci entendió que correspondía adoptar una medida interina mientras el caso retomaba su trámite ante la Justicia federal de Bariloche. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia respecto de la cautelar, aunque también consideró que el expediente debía volver al tribunal de origen.

La consecuencia inmediata es que vuelven a regir provisoriamente las restricciones de la Ley de Tierras mientras se analiza el reclamo. Para la Casa Rosada, ese efecto jurídico funciona además como una salida política frente a un asunto que había comenzado a poner en riesgo la continuidad del DNU 70 en Diputados.

El oficialismo quiere aprovechar esa nueva situación para concentrar su agenda de la Cámara baja en otros proyectos. En Nación proyectan para la semana del 20 de octubre el tratamiento de las iniciativas sobre Malvinas, el nuevo régimen de Discapacidad y endeudamiento familiar, que forman parte de las negociaciones abiertas con aliados.

La decisión también responde a una estrategia más amplia de reducir conflictos durante los próximos meses. En el Ejecutivo reconocen que no quieren volver a abrir una pelea por la Ley de Tierras mientras negocian el Presupuesto 2027, la reforma electoral y otras iniciativas que necesitan votos de los mismos bloques dialoguistas.

La apuesta inmediata de la Casa Rosada es dejar que la discusión por Tierras continúe en la Justicia y evitar convertirla nuevamente en un frente legislativo. El Gobierno confía en que el fallo le permita quitarle volumen a la sesión opositora, preservar el DNU 70 y concentrar la negociación parlamentaria en los proyectos que pretende aprobar antes de fin de año.