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La Justicia determinó que la vacuna Sputnik contra el covid causó la muerte de una joven en Córdoba

El Ministerio de Salud de la Nación deberá indemnizar a la familia con aproximadamente 95 millones de pesos por el fallecimiento de una joven de 24 años en 2021.

El 29 de julio de 2021, la vida de la familia Sartori cambió para siempre con la muerte de Melín Agustina. Casi cinco años después, la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba emitió un fallo histórico al reconocer que el deceso se produjo por una trombosis con trombocitopenia inducida por la vacuna Sputnik V.

Melín era una joven de 24 años, deportista y sin antecedentes médicos, que se encontraba iniciando un emprendimiento familiar de pastas al momento de su fallecimiento.

El 15 de julio de 2021 recibió la primera dosis de la vacuna y, apenas seis días después, comenzó a manifestar síntomas como cefaleas y vómitos. Tras un deterioro neurológico irreversible, murió 14 días después de la aplicación.

La demanda fue impulsada por su madre, María Virginia Ruiz, quien desde un inicio buscó visibilizar el caso ante el temor de que la dosis perteneciera a una tanda contaminada. Según explicó el abogado de la familia, Martín Barbará, el proceso fue "novedoso" y "engorroso", ya que al momento de los hechos no existían protocolos estandarizados para denunciar este tipo de situaciones.

 

Claves del fallo: falta de control y nexo causal

Para la Justicia, resultó determinante el informe de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa), que tras revisar el caso bajo el consenso científico internacional, reconoció formalmente el nexo de causalidad entre la vacuna y el daño sufrido.

El abogado Barbará subrayó dos puntos críticos que complicaron el cuadro:

  • Falta de farmacovigilancia: la vacuna Sputnik V no contaba en ese momento con un monitoreo continuo para detectar y prevenir reacciones adversas.
  • Sistema médico no preparado: las instituciones de salud no contaban con las herramientas ni protocolos para tratar adecuadamente un caso de estas características, lo que fue decisivo para el desenlace trágico.

 

Un precedente económico y legal

La sentencia establece que el Ministerio de Salud de la Nación debe abonar una indemnización equivalente a 240 haberes mínimos jubilatorios, lo que hoy representa unos 95 millones de pesos.

Si bien el fallo marca un hito legal, la familia Sartori manifestó que su principal objetivo era la visibilización del caso, logrando incluso que su experiencia fuera escuchada por la comunidad médica internacional.

El abogado confirmó que, una vez que el Ministerio abone la suma correspondiente, no tienen previsto elevar el reclamo a instancias internacionales, dando así un cierre definitivo a este proceso histórico en la Argentina.

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