La CIDH consideró viajar a la Argentina tras denuncias por ataques a la prensa y trabas a la libertad de expresión
Durante una audiencia en la Universidad de Miami, periodistas y organizaciones civiles denunciaron ante la Comisión Interamericana un incremento de agresiones, hostigamiento y obstáculos al trabajo periodístico desde la llegada de Javier Milei al poder. El Gobierno negó un deterioro sistemático y defendió su política en materia de derechos humanos.
El debate por la libertad de expresión en la Argentina sumó un capítulo clave luego de la audiencia temática celebrada en la Universidad de Miami ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Durante más de dos horas, referentes de organizaciones civiles, sindicatos, periodistas y reporteros gráficos expusieron un diagnóstico crítico sobre el clima para el ejercicio del periodismo, que describieron como atravesado por ataques, amenazas y restricciones desde el inicio del actual gobierno.
El Estado argentino rechazó las acusaciones y sostuvo que no existe una política deliberada contra la prensa.
La audiencia, solicitada por FOPEA y el CELS, reunió a entidades como Amnistía Internacional, SiPreBA, FATPREN, ARGRA y otras agrupaciones. Entre los expositores estuvieron Julia Mengolini, Hugo Alconada Mon y el fotógrafo Tomás Cuesta, quienes sumaron testimonios sobre persecuciones, amenazas, violencia en protestas y campañas de hostigamiento desde las más altas autoridades.
Paula Moreno, presidenta de FOPEA, advirtió sobre un “deterioro acelerado y profundo” del entorno para ejercer el periodismo. Señaló tres factores principales: la suba inédita de agresiones —principalmente digitales y provenientes de funcionarios—, el uso de causas judiciales como herramienta intimidatoria, y la violencia física registrada en manifestaciones. De acuerdo con el Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA, en 2024 se contabilizaron 179 ataques (53% más que en 2023 y 103% más que en 2022), mientras que en 2025 ya se registraron 257 casos, la cifra más alta de la última década.
Mengolini sostuvo que es blanco de campañas permanentes de odio impulsadas desde el aparato estatal, mientras que Alconada Mon relató intentos de hackeo y amenazas luego de revelar información sobre espionaje interno: “Buscan desalentar a quienes investigan y trabajan con datos sensibles”, dijo.
Desde Poder Ciudadano, el abogado Hugo Wortman Jofré alertó sobre el uso de la justicia como intimidación y mencionó como ejemplo los cambios en la Ley de Acceso a la Información Pública. Claudio Jacquelin, vicepresidente de FOPEA, remarcó la falta de respuesta institucional y recordó que la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados lleva más de un año sin funcionar.
Representantes de SiPreBA, FATPREN y ARGRA denunciaron la “normalización” de la violencia policial contra la prensa, mencionando heridas graves sufridas por el reportero gráfico Pablo Grillo y el impacto del desmantelamiento de la agencia Télam.
Del lado del Gobierno, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Julio Baños, rechazó que exista una política de restricción a la libertad de expresión. Aseguró que los casos denunciados son “episodios puntuales” y que la actividad periodística está garantizada. También cuestionó el enfoque presentado por las organizaciones, señalando que excedía los límites de la audiencia.
La secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, respondió que no se trata de hechos aislados, sino de una tendencia que merece atención: “El contexto muestra amenazas y criminalización hacia periodistas y defensores de derechos humanos”, afirmó. El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, recordó que las declaraciones de una autoridad estatal tienen “un peso distinto” y pueden agravar los riesgos para la prensa.
El presidente de la CIDH, José Luis Caballero, subrayó la relevancia del tema y expresó el interés del organismo en efectuar una visita oficial al país para profundizar el monitoreo: “Nos interesa realizar una visita”, sostuvo, destacando además la histórica participación de la Argentina dentro del sistema interamericano.
Durante la jornada, las organizaciones civiles solicitaron a la CIDH que supervise el contexto argentino, inste al Gobierno a frenar agresiones contra periodistas y garantice la protección de quienes se manifiestan y quienes cubren las protestas. FOPEA y Poder Ciudadano presentaron pedidos formales para una misión del Relator Especial, un informe de país, la derogación del Decreto 780/2024, la creación de un Observatorio Permanente y un protocolo para eliminar costos judiciales en litigios por acceso a la información.
La audiencia concluyó en un clima de preocupación y con la puerta abierta a una visita de la CIDH a la Argentina para evaluar en profundidad la situación de la libertad de expresión.
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