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Jubilados y desocupados pagan las costas del colapso económico y político

A la hora de las responsabilidades, han abundado las explicaciones de tipo instrumental, a saber, sobre la torpeza administrativa.

La precaria cuarentena del gobierno de FF se derrumbó cuando un aluvión de centenares de jubilados y beneficiarios de la AUH se precipitó este viernes sobre las sucursales bancarias. Iban a percibir sus haberes con enorme retraso –haberes que, como todo el mundo sabe, en el 80% de los casos no cubren ni la mitad de la actual canasta de pobreza. Con semejantes ingresos los jubilados están obligados a vivir con efectivo, sin que importe para el caso lo que digan los charlatanes por la tele; no hay margen para el dinero de tarjeta. Las beneficiarias de las asignaciones universales pugnaban por lo mismo –algunos billetes para adquirir la comida de los próximos días. Las crisis políticas siempre estallan en los “detalles”: las multitudinarias colas en los bancos, por parte de la población más expuesta a la letalidad del virus, desató una crisis política entre los mandamases de Anses, Banco Central y el propio presidente, en la cual se colaron de inmediato banqueros y patronales, para que se declare no sujeto a cuarentena al 90% de los trabajadores en actividad. 

El trato que les dispendió el Estado, el sistema bancario o las fuerzas de seguridad a los jubilados fue sólo una versión agravada de lo que ocurre todos los meses: la displicencia y hasta el maltrato, y la ausencia de cualquier comodidad elemental a la hora de esperar y hacer la cola. Después derraman lágrimas por los “abuelos”. Si todo esto adquirió el status de un escándalo, sólo se debió a su repercusión epidemiológica o sanitaria, o sea el aumento del número de muertos con relación al de los contagiados. La condena a la afrenta sufrida se difundió por el repudio generado entre los trabajadores. El Estado y el régimen social –expresado en sus funcionarios y sus bancos- actuó como un fabuloso factor desorganizador. 
   
Los bancos y el jefe de los bancos 

A la hora de las responsabilidades, han abundado las explicaciones de tipo instrumental, a saber, sobre la torpeza administrativa. En otros casos, el dedo acusador es sobre el sindicato bancario. Los mismos pulpos mediáticos que reclaman “quedate en casa”, les imputan a los trabajadores bancarios el cierre de los bancos, cuya gestión diaria es una clara fuente de contagios. Los acusadores son los propietarios de las mayores prepagas del país, que acaban de rechazar la centralización de los recursos de salud. 

Los que inculpan a la Bancaria omiten, sin embargo, que, a diferencia del resto de las patronales, los banqueros “nunca pidieron abrir”, según relata el periodista Sebastián Catalano en Infobae. El mismo redactor, días atrás, informaba de una `feroz interna` en el gobierno en torno a los créditos a tasa bajaba que los banqueros rechazaban. Según se informa, los bancos ingresaron en una suerte de “lock out”, según la misma fuente de Infobae, para desviar esos créditos a grandes empresas con vínculos ya aceitados con la banca privada. El periodista Marcelo Bonelli, de Clarín (3/4), confirma este choque interno en el gobierno, y asegura que el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, respaldó solapadamente el boicot de los bancos privados, en ese caso, con el argumento de que una escalada de créditos que multiplicaría el efecto de la emisión monetaria desataría una hiperinflación al día siguiente del levantamiento de la cuarentena. Que el lock out del sistema bancario, con la complicidad del Banco Central no es un mito, lo prueba otra información: el gobierno llegó a barajar la posibilidad de establecer un régimen de crédito “dirigido o compulsivo” O, más aún, que ante la emergencia el propio Tesoro salga a financiar el pago de salarios sin pasar por los bancos (Infobae, 1/4). En Política Obrera habíamos hecho un planteo superior: convertir a los bancos en sucursales del Banco Central, estatizando todo el sistema de crédito, bajo el control de la Bancaria y de los cuerpos de delegados de cada banco.

El cierre de los bancos, por lo tanto, y esta crisis intestina ponen al desnudo todas las contradicciones económicas de la cuarentena manejada en términos capitalistas. El gobierno ha intentado financiar las operaciones de crédito con el dinero del encaje bancario, que es el que los bancos depositan en el Central, incluidas las Leliq. Para los banqueros se trata de una garantía incierta en el caso de que las empresas beneficiadas se declaren insolventes. Ante la imposibilidad de reestablecer un funcionamiento normal del sistema financiero, le exigen al estado que se haga cargo de los créditos en cuestión, sin comprometer a la banca.

Masa de maniobra

Es claro que los jubilados han sido el pato de la boda de una pelea entre capitalistas. La factura de esta rapiña será pagada por los miles de adultos mayores que contrajeron ayer la enfermedad, en la intemperie de las colas interminables. La intervención del conjunto de la banca y también del Anses, bajo la supervisión de un comité de control de trabajadores y jubilados, es una cuestión de supervivencia. Esa intervención debe asegurar un régimen de pagos inmediato -contemplando también el reparto domiciliario- a toda la tercera edad; una jubilación equivalente al 82% de la canasta familiar y la restitución de todas las medidas de movilidad jubilatoria.

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