El oficialismo intenta recomponer alianzas para avanzar con el Presupuesto y la reforma laboral
Tras los tropiezos legislativos de las últimas semanas, el Gobierno busca reconstruir acuerdos en el Senado para destrabar el Presupuesto 2026 y la reforma laboral. Ambos proyectos quedaron atados a una misma lógica: sin números propios, La Libertad Avanza necesita ampliar su base de apoyos para evitar nuevas derrotas.
La realidad terminó imponiéndose sobre el optimismo inicial del oficialismo. Luego de apostar a un trámite acelerado para el Presupuesto 2026 y la reforma laboral, el Gobierno se vio obligado a recalcular su estrategia y encarar una etapa de negociación política más intensa en el Congreso, especialmente en el Senado.
La buena performance electoral del 26 de octubre había alimentado la expectativa de avanzar sin mayores sobresaltos, pero los números legislativos nunca acompañaron esa lectura. El Presupuesto logró media sanción en Diputados, aunque con un costo político significativo: no prosperaron los artículos que buscaban derogar el financiamiento universitario ni la emergencia en discapacidad, dos puntos clave para la Casa Rosada.
En paralelo, el intento de obtener media sanción para la reforma laboral antes de fin de año fracasó. El oficialismo no consiguió los votos necesarios en la Cámara Alta y el debate quedó postergado, en principio, para febrero, cuando se retomen las sesiones extraordinarias.
En el Gobierno admiten en privado que no toda la responsabilidad recae sobre la oposición. La estrategia legislativa oficial acumuló errores, tanto en la lectura del clima político como en el manejo de los vínculos con aliados circunstanciales.
El ministro del Interior, Diego Santilli, encabezó una ronda de diálogo con gobernadores para asegurar respaldos, pero el apoyo fue parcial. Si bien varios mandatarios provinciales habilitaron el dictamen del Presupuesto, luego sus legisladores se negaron a acompañar el capítulo que incluía la derogación del financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad.
A esto se sumó un nuevo foco de conflicto con el PRO. En medio del tratamiento del Presupuesto, el macrismo acusó a La Libertad Avanza de haber acordado con el kirchnerismo cargos en la Auditoría General de la Nación (AGN). Cristian Ritondo calificó el entendimiento como inconstitucional y dio por roto el vínculo político con el oficialismo, mientras las críticas apuntaron directamente al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
El episodio obligó al Gobierno a desplegar tareas de contención. Santilli buscó recomponer el diálogo con el PRO, consciente de que sus votos resultan decisivos para cualquier iniciativa futura. También hubo contactos forzados entre Menem y dirigentes macristas para evitar una ruptura definitiva.
Presupuesto, provincias y tensiones pendientes
Otro punto de fricción fue la deuda que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires, incluida en el mismo capítulo del Presupuesto que terminó naufragando. Pese a las reuniones entre el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el ministro de Economía, Luis Caputo, no hubo acuerdo.
Para Caputo, la aprobación del Presupuesto con las derogaciones incluidas era clave para el equilibrio fiscal que impulsa el Ejecutivo. Sin embargo, ante la falta de consensos, el oficialismo evalúa alternativas para resolver esos temas por fuera de la ley de gastos.
Desde el Senado, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, dejó abierta la posibilidad de avanzar con soluciones parciales, aun si el Presupuesto se sanciona sin esos artículos.
La reforma laboral, otro frente abierto
La reforma laboral se convirtió en otro dolor de cabeza para Javier Milei. El Gobierno daba por descontada su media sanción en diciembre, pero la resistencia sindical y la falta de apoyos legislativos frustraron ese objetivo.
Ahora se abrió un compás de negociación hasta febrero. En ese período, la Casa Rosada intentará recuperar votos en las provincias, asegurar el respaldo pleno del PRO y seducir a sectores de la UCR que se mostraron reticentes.
El ala más política del Gobierno —integrada por Santilli, Karina Milei y Santiago Caputo— apuesta a una estrategia de diálogo directo con los legisladores más duros, incluso con la posibilidad de introducir modificaciones al dictamen que ya se encuentra en Diputados.
Presión sindical y cálculo político
Mientras tanto, la CGT cerró filas con el peronismo y advirtió que convocará a un paro y movilización el 10 de febrero si ese día la reforma laboral llega al recinto. La central obrera viene de mostrar músculo con la marcha a Plaza de Mayo, que contó con el respaldo de las CTA, el kirchnerismo y la izquierda.
En el entorno presidencial minimizan el impacto de las protestas y de los pronunciamientos de Cristina Kirchner, a los que consideran funcionales al discurso oficial. Sin embargo, reconocen que los votos necesarios para avanzar con las leyes no se juegan en la calle, sino en el Congreso.
Para Milei, la lección parece clara: una cosa es lo que se desea impulsar y otra, muy distinta, lo que efectivamente puede aprobarse sin una red sólida de acuerdos políticos.
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