Habrá dos categorías de maternidades
* Por Laura Leonelli Morey. La protección laboral de la maternidad tiene su explicación histórica como fomento del crecimiento demográfico, pero también como lucha contra una fuente de discriminación hacia las mujeres.
La protección laboral de la maternidad tiene su explicación histórica como fomento del crecimiento demográfico, pero también como lucha contra una fuente de discriminación hacia las mujeres. Pues, si son ellas las encargadas de las obligaciones familiares, ser madre puede ser un obstáculo para su desarrollo profesional.
Por eso, la Ley de Contrato de Trabajo –que no se aplica ni al empleo público ni al servicio doméstico– incluye el capítulo "De la protección de la maternidad" que prevé 90 días de licencia con goce de sueldo.
En este marco, es una buena noticia que se extienda la licencia por paternidad no sólo como derecho del hombre, sino también como un avance en el ámbito privado de las familias, para que el cuidado de los niños sea una tarea compartida. Sin embargo, los ocho días que se prevén son, para esos fines, aún escasos.
Por otro lado, para que un beneficio similar llegue al ámbito privado, el camino es difícil: hace falta que el Congreso argentino lo disponga. Para colmo, una ley nacional debería incluir otros mecanismos de no discriminación ya que, en el mercado de trabajo, mayores derechos laborales pueden traer efectos contraproducentes (como empleadores que elijan no contratar a una mujer en edad fértil).
Así, a pesar de que se busque la igualdad de oportunidades para las mujeres, si el proyecto provincial prospera –que lo hará en una Legislatura oficialista– generará otro tipo de desigualdad. En Córdoba habrá dos categorías de maternidades: la de las empleadas públicas y la de aquellas en relación de dependencia.
Entonces, la iniciativa es un avance para los derechos de la mujer y para la calidad de vida de las familias, pero también se puede leer como un privilegio más de los empleados públicos, que se suma a tantos otros, como las jornadas reducidas y la estabilidad laboral absoluta, y a tantas otras prerrogativas "informales", como los miles de nombramientos "a dedo" de personas sin la capacidad e idoneidad para los cargos ocupados, entre muchas más.