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El paroxismo burócrata

Por Miguel Ángel Rouco* El peso de la realidad es concluyente. El intento de la Casa Rosada por "malvinizar" el país resultó estéril y sólo sirvió para mitigar algún apetito chauvinista.

Los controles cambiarios y a las importaciones se quedaron sólo en eso. Controles policíacos sin efectos positivos sobre la economía y con un saldo neto de absoluta desconfianza e inseguridad jurídica.

La economía argentina está entrando en el escenario menos deseado: estancamiento e inflación.

Los controles sobre el tipo de cambio y sobre las importaciones provocan un desaliento a las inversiones y generan en algunos sectores críticos desabastecimiento por falta de insumos.
Si el objetivo era generar una sustitución de importaciones no se logró y si el objetivo era generar más empleo local, tampoco.

La inflación y la caída en la actividad económica son los efectos no deseados de estas políticas vigilantes.

El nivel de precios saltó de un promedio del 1,5% mensual al 2% mensual y la caída en la actividad económica ya se tradujo en menores pedidos de empleos.

El último relevamiento realizado por la Universidad Di Tella da cuenta de una baja de la demanda laboral del 23% respecto del año anterior.

Si el gobierno insiste en retener artificialmente las importaciones poniendo más trabas al ingreso de insumos, el escenario próximo con que se enfrentará la economía es uno de suspensiones de personal el mes que viene, cuando se avecinen las discusiones paritarias.
Si algo le faltaba al candente ambiente de las relaciones laborales era una baja en la actividad. La presión sindical se hará aún más ostensible y comenzará también a estrecharse el cerco empresario.

La Unión Industrial Argentina (UIA) ya sentó posición y le pidió al gobierno medidas que aseguren el mantenimiento del nivel de actividad.

Mientras la Casa Rosada se encuentra atrapada en su propia telaraña malvinista y deja el control de la economía en manos de burócratas que entorpecen la actividad privada, ya comienzan a verse los primeros síntomas de desabastecimiento, en particular en el sensible sector de los medicamentos. Para colmo, la Administración Nacional de Medicamentos (Anmat) decidió adherirse al polémico sistema de ventanilla única.

No se entiende muy bien cuál es la preocupación de la administración Kirchner en el control de las importaciones, cuando el ingreso de productos importados de consumo apenas representa el 18% del total de los bienes que ingresan al país.

La cuenta de importaciones es muy simple: 40% son bienes de capital, 30% son bienes intermedios, 12% son combustibles y sólo el 18% restante son bienes de consumo final, en su mayoría no producidos en el país.

Queda claro, entonces, que es muy poco lo que puede sustituirse por producción local. Sin dudas, el control sobre las importaciones es una decisión errónea, avalada por la Casa Rosada.

Por otra parte, los inconvenientes que tienen los bancos y las empresas para girar utilidades aumenta el clima antinegocios para el país.

Esto se traduce en temores de los hombres de negocios a la hora de decidir inversiones. El primer indicio de este malestar se está viendo en la cotización bursátil, donde los papeles del sector financiero y de algunas empresas de capital extranjero sufren un duro castigo en sus precios.

La falta de inversiones en bienes de capital no es nueva y encuentra reflejo en los reiterados cortes en el suministro eléctrico en todo el país, durante un verano extremadamente tórrido.
La salida de servicio de la Central Nuclear Atucha muestra que existe una sobrecarga en la red de alta tensión por falta de inversiones.

También se refleja en el reciente enfrentamiento del gobierno y las provincias contra la compañía Repsol-YPF por mayores inversiones.

La Nación y las provincias, agobiadas por políticas fiscales de despilfarro, buscan ahora nivelar las cuentas públicas mediante el ingreso extraordinario proveniente de las regalías hidrocarburíferas.

El objetivo de la Nación es que con la producción local de petróleo y gas se reemplacen las costosas importaciones que la misma administración Kirchner fomentó desde el 2003 al congelar los valores en boca de pozo.

El objetivo de las provincias es que con mayor producción local aumenten los ingresos por regalías, que en muchos casos servirán para poder pagar los sueldos de la voluminosa plantilla de burócratas y subsidiados. De allí la presión sobre la petrolera española y sus socios locales para que realicen mayores inversiones.

La presión oficial apunta a la reinversión de utilidades para el desarrollo de las áreas vinculadas con el petróleo no convencional (shale oil).

Sin embargo, el deseo oficial choca contra algunas limitaciones. La primera es que las utilidades de la filial local servirán para pagar la compra de parte del paquete accionario de Repsol por parte de los socios argentinos.

La segunda es que el desarrollo exploratorio hasta que comience a producir el área de Vaca Muerta requiere de unos 250.000 millones de dólares de inversión, durante diez años, de acuerdo con una auditoría realizada por la firma Ryder Scott. Tiempo y dinero que juegan en contra del modelo.

Otro triunfo de la burocracia nihilista.

(*) Analista económico, DyN