El Gobierno oficializó la reforma de la Policía Federal: enfocada en delitos complejos y con patrullaje de redes sociales

El Gobierno oficializó este martes los cambios de la reforma de la Policía Federal Argentina (PFA), los que toman como modelo al FBI de Estados Unidos como referencia. Con este nuevo perfil de la fuerza, su misión será "prevenir, detectar e investigar delitos federales y complejos", al mismo tiempo que participará en la desarticulación de organizaciones criminales.

Según se detalló en el Decreto 383/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial bajo las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se buscará reorientar la misión de la fuerza "hacia una policía de investigación enfocada en cierto tipo de delitos".

Los cambios en la Policía Federal

En detalle, la medida - oficializada desde este martes - reorganiza y redefine funciones, escalafones, competencias y recursos asignados a la Institución, según establece el primer artículo del decreto que aprueba el nuevo Estatuto de la Policía Federal Argentina.

Según la normativa, la fuerza de seguridad ahora quedará dividida en dos departamentos principales: el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y el Departamento Federal de Coordinación (DFC). Ambos contarán también con superintendencias y direcciones generales orientadas a distintas áreas clave como inteligencia criminal, narcotráfico, análisis forense, cooperación internacional, comunicaciones, bienestar del personal y asuntos internos.

Otro de los cambios primordiales que trae la medida es que, hasta ayer, la PFA realizaba investigaciones que sean requeridas por la Justicia. A partir de los cambios establecidos, también podrá hacerlo por solicitud del Ministerio de Seguridad, conducido hoy por la ministra Bullrich. Esto podrá llevarse a cabo sin que un juez lo determine, de manera discrecional.

Dentro del artículo 5° - que establece las funciones de la PFA - el inciso 5 autoriza a la Policía Federal a "colaborar en el mantenimiento del orden público y de la seguridad, de manera espontánea en caso de delitos flagrantes, a requerimiento del Ministerio de Seguridad o, en su caso, de las demás autoridades competentes", punto enfocado en el mantenimiento del "orden en las calles" que busca la gestión de Javier Milei.

Sobre la nueva facultad de investigaciones sin orden judicial, la medida trae consigo otro punto que está, desde hace tiempo, en el centro del debate público. Según establece el inciso 5 del artículo 6°, la PFA podrá "tener acceso a información y bases de datos públicas con el fin de llevar adelante, de manera justificada, tareas de investigación o de inteligencia criminal. A su vez, podrá solicitar el acceso a bases privadas. En ambos casos, deberán cumplir con la normativa de protección de datos personales" sin necesidad de contar con una orden judicial.

En este sentido, los agentes podrán patrullar las redes sociales "sin necesidad de autorización judicial" según establece el inciso 11 del artículo 6°. "Realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas y principios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente".

Más allá de las nuevas atribuciones, la reforma busca reducir el tamaño de la fuerza y reconvertir su perfil operativo. El decreto instruye al Ministerio de Seguridad a fijar un cupo anual máximo de suboficiales ingresantes, que no podrá ser mayor al registrado en 2025 y tendrá que disminuir de forma progresiva.

La disminución en la cantidad de ingresantes generará un ahorro presupuestario que se destinará al nuevo Programa de Modernización de la PFA, que está enfocado en la adquisición de bienes de uso, soluciones tecnológicas y rediseño de procesos de la fuerza.