El Gobierno desreguló las subas de cuotas y matrículas de colegios privados sin subvención

El Gobierno nacional derogó este martes el decreto 2.417 de 1993, que establecía regulaciones para los colegios privados, como por ejemplo la obligación de tener autorización para aplicar aumentos o el deber de informar antes del 31 de octubre de cada año el importe de la matrícula, las cuotas totales que a abonar durante el ciclo lectivo y el monto de cada una de ellas.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial, en el decreto 787/25, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y los ministros Manuel Adorni, Sandra Pettovello y Luis Caputo. Desde el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, luego se aclaró que la iniciativa alcanza sólo a las escuelas privadas sin aportes estatales, que representan cerca del 6% del total de establecimientos educativos de la Argentina. Son unos 2 mil establecimientos en todo el país.

El decreto derogado también establecía que aquellos colegios que no cumplieran con esta normativa se suspenderían los aportes estatales, dado que la normativa aplica a establecimientos de educación pública de gestión privada.

Asimismo, los establecimientos educativos debían informar a los padres o responsables de los alumnos antes del 1º de octubre de cada año el contenido del contrato de enseñanza que regiría en el ciclo lectivo.

Al argumentar la decisión de derogar el decreto, el Gobierno explicó en el texto oficial que la normativa eliminada “presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”.

En ese sentido, se manifestó que el régimen “fue dictado en un contexto fáctico y normativo distinto al actual”, al precisar que “en aquel entonces la administración de la educación se encontraba bajo la órbita del gobierno nacional”.

Al respecto, señaló que “esta situación cambió a partir de la transferencia de esta competencia a las provincias, conforme al principio federal de nuestra organización constitucional, lo que justifica su revisión para adecuarlo al esquema actual de distribución de funciones”.

Asimismo, el Ejecutivo expresó que “la estructura de costos y consecuentemente de aranceles de la educación ha variado desde entonces, lo que también justifica la revisión del mentado decreto”.

Ante el descrito escenario, planteó que “la intervención del Estado en la regulación y financiamiento de los establecimientos de enseñanza de gestión privada, aunque busca garantizar la calidad educativa, ha generado efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica”.

En esa línea, aseguró que “dicha intervención, al exigir a los establecimientos la presentación de los montos de las cuotas y de la matrícula con anticipación, limita su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos”.

De esta manera, la administración de Javier Milei consideró que “el requerimiento de los establecimientos de enseñanza de gestión privada de comunicar los montos de matrícula y de las cuotas con anticipación considerable, junto con la obligación de obtener la autorización estatal previa para modificar dichos valores, crea una situación de incertidumbre económica para los institutos, que suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal”.

En consecuencia, expuso que “este mecanismo de fijación de precios perjudica a las familias, quienes deben enfrentar aranceles educativos más altos desde el inicio del ciclo lectivo, limitando su capacidad de elegir establecimientos de enseñanza adecuados a sus posibilidades económicas y, en algunos casos, obligándolas a trasladar a sus hijos a otras instituciones”.

El comunicado emitido por Desregulación esta mañana sostiene que en 2024 la inflación general fue de 117,8% pero las cuotas escolares subieron un 169%, es decir un 44% más.

Al mismo tiempo, el Gobierno argumentó que “el carácter predecible y fijo de las tarifas impuestas por el Estado puede llevar a una precarización de la calidad educativa, dado que los establecimientos no pueden responder adecuadamente a las variaciones en los costos de insumos, salarios y otros gastos operativos sin antes contar con autorización de la autoridad correspondiente”.