El Gobierno acelera la privatización de AYSA y define un modelo mixto de venta
El Ejecutivo avanza con un decreto presidencial para ceder parte del control estatal de la empresa de agua y saneamiento. La propuesta contempla una licitación pública y la incorporación a la Bolsa de Comercio. AYSA cuenta con más de 6.300 empleados y un alcance de casi 4 millones de usuarios.
El Gobierno nacional trabaja contrarreloj en la redacción final del decreto presidencial que marcará el inicio de la privatización parcial de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA). La intención oficial es implementar un esquema mixto que combine la venta de acciones mediante licitación pública y la oferta de parte del paquete accionario en la Bolsa de Comercio.
Desde el entorno presidencial confirmaron a TN que el proceso está en su etapa final: “Seguimos trabajando los pliegos de AYSA. Les falta poco”, aseguraron.
Fundada en marzo de 2006, AYSA es la empresa encargada de proveer servicios de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. Actualmente, el Estado posee el 90% de las acciones, mientras que el 10% restante está en manos de sus empleados, a través de un Programa de Participación Accionaria.
AYSA opera en una superficie de 3.363 km², atiende a más de 3,3 millones de usuarios residenciales y cerca de 350 mil no residenciales. Su infraestructura incluye 3 plantas potabilizadoras, 21 depuradoras, 25 plantas de tratamiento de agua subterránea, 14 estaciones elevadoras y 195 estaciones de bombeo. Cuenta con una plantilla de 6.344 empleados, luego de las 1.364 cesantías realizadas en 2024.
En términos financieros, la empresa registró en 2024 ingresos corrientes por $934.271 millones, de los cuales $790.200 millones provinieron de sus operaciones y $143.717 millones de transferencias del Tesoro Nacional. Los gastos totales ascendieron a $775.041 millones, con $283.957 millones destinados a sueldos y $357.149 millones a bienes y servicios. Además, invirtió $202.937 millones en obras y proyectos de infraestructura.
Entre las principales obras ejecutadas se destacan la ampliación de la planta en Bernal y el desarrollo del Río Subterráneo Sur ($19.272 millones), junto con trabajos en las plantas de Hurlingham, La Matanza, Berazategui y el sistema Riachuelo.
Este proceso de privatización se enmarca en la estrategia más amplia del Gobierno de reducir la participación estatal en distintas empresas públicas. Ya se avanzó con iniciativas similares en Belgrano Cargas, Corredores Viales, Intercargo y Energía Argentina (ENARSA), mientras que aún se evalúa la venta de la operadora ferroviaria SOFSE.
La Agencia de Transformación de las Empresas Públicas, liderada por Diego Chaher, está a cargo de diseñar los pliegos para cada privatización. Según el acuerdo técnico con el FMI, se espera que el esquema esté completamente definido hacia noviembre. No obstante, los procesos deberán pasar por la comisión Bicameral del Congreso, con intervención de la AGN y la SIGEN para auditar los aspectos legales y financieros.
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