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El “círculo rojo” desautoriza el juicio a la Corte

El propio Alberto Fernández se encargó de licuar al pretendido juicio político, cuando anunció que enviaba a las “extraordinarias” un proyecto para juntarle los mangos a Larreta, o por la vía de un impuesto o de una nueva operación de deuda. 


La escalada del binomio Alberto-Cristina contra la Corte Suprema ya había recibido sus buenos baldes de agua fría –en primer lugar, por la deserción de varios gobernadores pejotistas de la embestida inicial, cuando se produjo el fallo que le restituyó fondos a la CABA. Luego, el propio Alberto Fernández se encargó de licuar al pretendido juicio político, cuando anunció que enviaba a las “extraordinarias” un proyecto para juntarle los mangos a Larreta, o por la vía de un impuesto o de una nueva operación de deuda. El “juicio”, a esa altura, quedaba reducido a una agitación política concentrada en los salones del Congreso; no en las sesiones -que no reunirían el quorum necesario- sino en una seguidilla de audiencias públicas que recordarán algunos agravios del máximo tribunal – entre ellos, el 2x1 a los genocidas y las escuchas con los funcionarios larretistas. Este ajuste de cuentas retórico ganaría, por algunos días, la atención de los medios oficialistas.


Pulgar para abajo

Ocurre ahora que incluso esa campaña política ha recibido un golpe feroz, después del pronunciamiento de los dirigentes patronales más importantes del país contra el juicio a la Corte. El pronunciamiento llega cuando se descuenta que el juicio no será votado en el Congreso. Por lo tanto, el llamado empresarial apunta que el gobierno archive también a la agitación política contra la Corte. La advertencia a Alberto -Cristina debe medirse por la envergadura de los firmantes: están los máximos directivos de Acindar, Fiat (Ratazzi) y Ledesma; los representantes de J.P Morgan; de Swiss Medical, la mayor de las prepagas, junto a las cámaras y asociaciones patronales más poderosas, como la AEA y la Cámara de Comercio. Días antes, habían hecho lo propio la AmCham y la Cámara Argentina de Comercio. El pronunciamiento patronal califica al juicio como un “desatino institucional” que “pone en riesgo cualquier decisión de inversión”. Si de “inversión” se trata, la advertencia de la gran burguesía tiene lugar cuando tambalea la arquitectura financiera y monetaria de todo el régimen político. El superministro Massa apela al aventurerismo financiero para evitar una corrida cambiaria y postergar para adelante las contradicciones explosivas de su política. La emisión monetaria y también las exiguas reservas internacionales han sido puestas al servicio del rescate de la deuda pública. Un default no sería solamente el colapso del Estado y del gobierno, sino un golpe mortal para las aspiraciones del gran capital de acceso al crédito internacional. El horno, por lo tanto, no está para bollos: las patronales no quieren un cascoteo contra la Corte, en un país donde la perspectiva de un colapso económico, de una rebelión popular y de una disolución política del gobierno colocaría al rescate de los “derechos” del capital en manos de los jueces. Es lo que ocurrió, por ejemplo, después de la gran crisis de 2001/2002, cuando la Corte convalidó la confiscación de los ahorristas, por un lado, y la licuación de las deudas de los capitalistas, por el otro. (La memoria selectiva de los derechohumanistas que preparan las audiencias contra la Corte se han “olvidado” de ese atropello fundamental, al igual que el de todos los fallos contra el derecho del trabajo que tuvieron al kirchnerismo como fuerza promotora). 

Crisis política

Para Alberto-Cristina la agitación contra la Corte constituía una forma de disimular el vaciamiento político de su gestión, que ha quedado reducida al ministerio de maniobras de Sergio Massa. Este maniobrista arrancó el 2023 con dos botellas tiradas al mar: una, la incierta tentativa de frenar una corrida cambiaria; la otra, de contener una huelga general en un escenario de carestía y tarifazos, en este caso, con la colaboración de la burocracia sindical. Mientras prepara la “agitación” contra la Corte, Cristina Kirchner convalida el ajuste monumental que su socio Massa está perpetrando contra trabajadores y jubilados. 

En esas condiciones, el planfleto empresarial es mucho más que una “opinión”: es un golpe mortal al único “plan político” que sostiene a las dos terceras partes de la coalición gobernante, y por lo tanto, un serio agravante de la crisis política. El tercero restante, Massa, camina sobre un hilo demasiado delgado.

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