El caso de las Madres, también un escándalo judicial

Al escándalo protagonizado por los hermanos Schoklender, la Fundación Madres de Plaza de Mayo y el Gobierno se ha sumado otro que es consecuencia de la gravedad que entraña el caso para el kirchnerismo. Nos referimos a la más que irregular actuación del juez federal Norberto Oyarbide.

Es sabido que este magistrado -uno de los dos que intervienen en la causa vinculada con los desvíos de fondos públicos para la construcción de viviendas sociales- es candidato fijo a resultar sorteado en las causas que más comprometen al Gobierno, al que suele favorecer, y esta vez no ha sido una excepción, como tampoco lo es su actuación tan escandalosa como su objeto de investigación.

Oyarbide demoró dos semanas en hacer lo que debería haber hecho desde el comienzo: allanar la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Recordemos que, aparentemente, la mayor parte de los negociados por los que se acusa a Sergio y Pablo Schoklender se realizaron con fondos estatales para la construcción de viviendas que debían ser administrados por esa fundación. La tesis del Gobierno y de la titular de las Madres, Hebe de Bonafini, es que la fundación fue víctima de los Schoklender.

Es lógico que Bonafini y las autoridades de la asociación civil sostengan esa opinión eminentemente defensiva y falaz porque, en verdad, las principales víctimas han sido el Estado y los sectores carecientes que no accedieron a sus viviendas. Lo absurdo es que el magistrado, a juzgar por sus acciones, haya adherido a esa tesitura. Por lo pronto, las fundaciones, que cuentan con ventajas impositivas y fiscales, no pueden ser emprendimientos netamente comerciales, y pueden y deben ser investigadas si manejan fondos estatales.
En un principio, Oyarbide se limitó a requerir a Madres de Plaza de Mayo la documentación que debería haber obtenido mediante un allanamiento. Luego, ante un pedido de la fundación, le otorgó una prórroga. Mientras tanto, según la información disponible, en la fundación se llevaba a cabo una auditoría encargada por sus responsables. Es imposible dejar de sospechar que en todo ese tiempo se puede haber procedido a eliminar documentación comprometedora y a confeccionar otra obviamente falsa.

Pero a Oyarbide y al fiscal federal Jorge Di Lello no parecía preocuparles esa posibilidad. Mientras tanto, el allanamiento que sí efectuó Oyarbide fue a pedido de Bonafini y su abogado, y se realizó en un local que ella atribuyó a Sergio Schoklender y cuya existencia dijo desconocer, aunque aportó las llaves al juez.

Fue necesario que un diario advirtiera que si no se allanaba la fundación, en el futuro la documentación podría resultar nula porque no había sido custodiada por la Justicia, para que Oyarbide dispusiera el tan postergado allanamiento. Tarde, por supuesto, pues cabe la posibilidad de que se hayan destruido o adulterado documentos. Por lo tanto, el peligro de la nulidad no se ha desvanecido.

La pasividad del juez coincidió con la divulgación de nuevos elementos de sospecha sobre el verdadero papel de la fundación, como el hecho de que, al estallar el escándalo, Bonafini reemplazara a Sergio Schoklender por su hermano Pablo como apoderado y, cuando Pablo también resultó acusado, ubicara en un puesto de importancia a Hugo Omar Gallardo, abogado y socio de Pablo.

Otro elemento de sospecha es la existencia nada menos que de un auto blindado, propiedad de la fundación, supuestamente empleado para pagar sueldos. Bonafini sostuvo que en ese vehículo Sergio Schoklender sustrajo documentación el 3 del corriente mes. El abogado de Schoklender lo niega.

Desde el inicio Oyarbide ha hecho algo que es tradición en los expedientes de alto voltaje político: embarrarlos y sembrar así los futuros pretextos para que se planteen pedidos de nulidad.

En este contexto no resulta extraño que Bonafini, que siempre cuestionó a la Justicia e insultó a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, ahora se deshaga en elogios a este juez de pésima reputación y siempre al servicio del poder político de turno. Anteayer, en la tradicional ronda de las Madres en la Plaza de Mayo, ella sostuvo: "Le decimos «gracias» al doctor Oyarbide porque está trabajando intensamente para que esto se aclare".

Como dijimos en esta columna, el verdadero papel de la Fundación Madres de Plaza de Mayo debe ser objeto de una seria investigación. Por eso resulta sumamente preocupante la actitud de Oyarbide, a la que se suman las imprudentes declaraciones que efectuó a la agencia oficial Télam el juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, en el sentido de que "las Madres pueden cometer un error y ser víctimas de defraudación". Zaffaroni ha adelantado su opinión -ha prejuzgado- en un caso que puede llegar al tribunal que integra. Si eso ocurriera, tendrá que excusarse.

A las vergonzosas muestras de parcialidad judicial hay que agregar la absoluta falta de control por parte de los organismos de contralor, como la Inspección General de Justicia, la Sindicatura General de la Nación (Sigen), la AFIP y el Banco Central.

En cuanto a la Unidad de Información Financiera (UIF), cumplió con la misión que le reserva el kirchnerismo, que no es la de combatir el lavado de dinero sino el de encubrir. Cuando hace un año recibió la denuncia contra Sergio Schoklender presentada por dos diputadas de la Coalición Cívica, la UIF no hizo nada hasta que el caso estalló y se vio obligada a plantear el caso ante la Justicia.

Esta red de presuntas complicidades, que forzosamente incluye al Ministerio de Planificación, de donde salía el dinero, tampoco puede quedar al margen de la investigación judicial.
La bandera de los derechos humanos jamás puede ser una patente de corso que otorgue impunidad para delinquir o encubrir a quienes delinquen.