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Economía al rojo vivo: crece la morosidad y casi el diez por ciento de las familias no logra pagar sus deudas

El deterioro del poder adquisitivo y el impacto de las políticas económicas empiezan a reflejarse con fuerza en el sistema financiero. Aumentan los atrasos en préstamos, tarjetas y créditos, y las familias son las más afectadas.


La suba de la morosidad en Argentina dejó de ser una señal aislada para convertirse en una tendencia sostenida. A lo largo de 2025, cada mes mostró un empeoramiento en la capacidad de pago, con niveles que alcanzaron máximos históricos desde que el Banco Central de la República Argentina comenzó a medir la serie en 2010.

Si bien el índice general de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 5,5% en diciembre, el dato más preocupante surge del lado de las familias. En ese segmento, la morosidad trepó al 9,3%, evidenciando un deterioro mucho más acelerado que el registrado en las empresas.

El dato no sorprende si se lo analiza en contexto: salarios que pierden contra los costos, caída del consumo y un esquema económico que endureció las condiciones de financiamiento. En ese escenario, cada vez más hogares quedan al límite.

Los créditos destinados al consumo son los más golpeados. Los préstamos personales muestran el peor cuadro: el nivel de atraso alcanzó el 12% hacia fines de 2025, casi cuatro veces más que un año antes. Las tarjetas de crédito también reflejan la tensión: la morosidad llegó al 9,3%, con una suba abrupta en apenas doce meses.

Incluso las líneas con garantía, que suelen ser más estables, empezaron a mostrar señales de alarma. Los créditos hipotecarios registraron una morosidad del 1,2%, mientras que los prendarios subieron al 5,8%. En el caso de los ajustados por UVA, el deterioro fue aún mayor, con un 7,5% de atrasos.

Detrás de estos números hay un problema estructural: el descalce entre lo que las familias esperaban pagar y lo que efectivamente terminan afrontando. Según un informe de Quantum Finanzas, la desaceleración de la inflación no vino acompañada de una mejora real en los ingresos, lo que hace que las cuotas pierdan el “efecto licuación” que antes ayudaba a sostenerlas.

En otras palabras, las deudas pesan cada vez más en el ingreso mensual.

A esto se suma otro factor clave: las tasas de interés reales se mantuvieron por encima de la evolución del salario real durante varios meses, especialmente desde mediados de 2024. Esa brecha acumulada terminó por asfixiar la capacidad de pago de muchos deudores.

Frente a este escenario, los bancos empezaron a tomar medidas defensivas: recortan límites en tarjetas y endurecen los requisitos para otorgar nuevos créditos. Esto, lejos de aliviar la situación, restringe aún más el acceso al financiamiento.

El impacto también alcanza al sector productivo, aunque con menor intensidad. La morosidad de las empresas llegó al 2,5%, con subas vinculadas principalmente al comercio y a la actividad primaria. En paralelo, creció el rechazo de cheques por falta de fondos, otra señal de la fragilidad económica.

Sin embargo, la diferencia es clara: mientras las empresas aún logran sostener cierto equilibrio, las familias ya están en una zona crítica.

El aumento de la morosidad no solo refleja un problema financiero, sino también social. Cuando cada vez más personas no pueden cumplir con sus deudas, lo que aparece no es solo un número en los balances, sino un deterioro concreto en la calidad de vida.

Y ahí es donde las decisiones económicas pasan factura. Porque cuando el ajuste recae sobre los ingresos y el crédito se vuelve más caro y restrictivo, el resultado es inevitable: más deuda, menos consumo y una cadena que termina rompiéndose por el lado más débil.

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