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Durmiendo con el enemigo

El vicegobernador Mariotto rechazó el tratamiento del proyecto que envió el gobernador Scioli para adherir a la Ley de Emergencia Económica nacional, al considerar que la Provincia ya cuenta con esa herramienta legislativa.

A través de una carta que le envió al jefe de Gabinete, Alberto Pérez, Gabriel Mariotto consignó que la Provincia ya adhiere a esa norma desde 2002 y que, por lo tanto, un nuevo tratamiento es "innecesario".

En ese sentido, la misiva enviada por Mariotto señala que "en tanto la Provincia cuenta ya con esta herramienta, encontrándose vigente la ley 12.858 anteriormente mencionada, deviene innecesario un nuevo tratamiento legislativo".

Ya en la víspera, un diputado de la oposición, Mauricio D´Alessandro, había señalado que "la Provincia ya adhirió a esa ley, por lo cual sería ridículo pretender hacerlo otra vez".

"Por la Ley provincial 12.858, la provincia de Buenos Aires adhirió a la Ley de Emergencia Económica 25.561, sancionada hace diez años. Y para sumar más confusión, por la Ley 17.727, la Provincia adhirió a una ley de Emergencia anterior, del 2000, la número 25.344", sostuvo D´Alessandro.

En tanto, Mariotto destacó que la norma citada adhiere a todos los artículos 8, 9 y 10 de la ley nacional de "Emergencia pública y reforma del régimen cambiario".

Los artículos dan de baja la igualdad entre pesos y dólares para los contratos públicos, autoriza al Ejecutivo a renegociar los contratos afectados y ordena a las compañías prestadoras de servicios continuar con sus obligaciones.

La respuesta de Mariotto se limita a señalar que la ley está vigente, por lo que no se requiere una nueva adhesión.

La carta fue difundida por un matutino porteño, como respuesta al envío de Scioli de la alternativa a una ley de emergencia provincial que permita pagar los aguinaldos a 550 mil empleados de la administración, médicos y docentes.

Mariotto también rechazó ayer la "invitación" a través de un decreto enviado por el gobernador para pagar el aguinaldo a los empleados estatales en cuatro cuotas, una medida que también adoptó la Suprema Corte.