Distorsiones institucionales
El desarrollo de la causa sobre la mafia de los medicamentos es escenario de graves distorsiones institucionales.
La causa se inició a partir de la comprobación de una asociación entre sindicalistas y laboratorios para cometer ilícitos con medicamentos dedicados a obras sociales, lo cual tenía lugar por la falta o la deficiencia de control del Gobierno Nacional. Precisamente, la Justicia acaba de procesar a Héctor Capaccioli, que fuera superintendente del Servicio de Salud y recaudador de la campaña electoral de Cristina Fernández de Kirchner.
Como parte del desarrollo de la causa, en la cual se investigan decenas de obras sociales, el juez federal Norberto Oyarbide detuvo a Gerónimo Venegas, titular del sindicato de trabajadores rurales. La medida sorprendió porque otros investigados y aún procesados mantienen su libertad y porque Venegas forma parte del Justicialismo opositor, lo cual generó sospechas de que la medida había tenido motivaciones políticas.
Ante el hecho, la CGT, dirigida por el oficialista Hugo Moyano, emitió un duro documento criticando al juez, al tiempo que el sindicato de trabajadores rurales lanzó una serie de movilizaciones y desde diferentes ámbitos del sindicalismo se plantearon quejas y hasta veladas amenazas de represalias, en una clara reacción corporativa en defensa de los intereses de la cúpula sindical.
Cabe recordar que la investigación judicial en curso apunta a esclarecer e investigar la comisión de delitos que afectan a los trabajadores y que, por lo tanto, cualquier representante de los mismos debería promover ese trabajo.
Finalmente, el juez Oyarbide decidió excarcelar a Venegas, respondiendo ya sea a la presión sindical o, como se sospecha, a pedidos de círculos oficialistas preocupados por las consecuencias que podría tener el malestar sindical.
Se ha expuesto, por lo tanto, el escenario de presiones corporativas y políticas que comprometen el buen funcionamiento de la Justicia y, en la causa que se trata en particular, de la defensa de los intereses de trabajadores y del fisco.
El desarrollo de la causa por la mafia de los medicamentos es escenario de graves distorsiones institucionales, como las sospechas sobre la actuación de jueces y las presiones sindicales.