Los funcionarios quedaron excluidos de la Ley de Inocencia Fiscal y el oficialismo consiguió dictamen en Diputados
El proyecto impulsado por el Gobierno obtuvo 44 firmas en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal. La nueva versión deja afuera de los beneficios del régimen a funcionarios y exfuncionarios durante los cinco años previos a su adhesión.
El oficialismo consiguió este miércoles dictamen de mayoría para el proyecto de Inocencia Fiscal II en la Cámara de Diputados, luego de incorporar una modificación clave para sumar respaldo de los bloques dialoguistas: la exclusión de funcionarios y exfuncionarios de los principales beneficios del régimen.
El texto reunió 44 firmas en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal y quedó en condiciones de ser tratado en el recinto el próximo 26 de agosto.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno a pedido del ministro de Economía, Luis Caputo, propone modificaciones a la Ley de Procedimiento Tributario y a la Ley del Registro del Trabajo Rural. Entre sus objetivos se encuentra reducir la carga fiscal y brindar mayor previsibilidad a los contribuyentes cumplidores.
La principal modificación acordada durante el debate fue la exclusión de quienes ocupen o hayan ocupado determinados cargos de responsabilidad pública. La medida comprende a funcionarios que hayan ejercido esas funciones durante los cinco años anteriores a la fecha de adhesión al régimen y también alcanza a quienes las ocupen en el futuro.
Quiénes quedan afuera del régimen
En el Poder Ejecutivo, la exclusión alcanza a funcionarios y empleados con jerarquía igual o superior a secretario de Estado, tanto del ámbito nacional como de los gobiernos provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires.
También quedan incluidos los legisladores nacionales, provinciales y porteños, los concejales y los parlamentarios del Mercosur.
La medida alcanza además a magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como a integrantes de organismos de control y órganos de enjuiciamiento. Entre ellos figuran los defensores del Pueblo y sus adjuntos, miembros del Consejo de la Magistratura y de los Jurados de Enjuiciamiento.
Los funcionarios podrán utilizar el sistema simplificado únicamente para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y pagar el saldo correspondiente. Sin embargo, no podrán acceder a los beneficios centrales del régimen, como la presunción de exactitud de las declaraciones, la liberación de fiscalizaciones ni otras protecciones tributarias.
“Los funcionarios no entran en este régimen. La exclusión alcanza a quienes en los últimos cinco años tuvieron cargos en la función pública y en adelante”, sostuvo la diputada de La Libertad Avanza Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal.
Cómo quedó el dictamen
El dictamen de mayoría obtuvo 44 firmas. De ese total, 32 corresponden a diputados de La Libertad Avanza, cuatro al PRO, dos a la UCR, una al MID, una al bloque Independencia, dos a Innovación Federal y una a Producción y Trabajo de San Juan. Además, un diputado de Provincias Unidas firmó en disidencia parcial.
Desde el oficialismo defendieron los cambios incorporados y señalaron que buscan brindar “máxima certeza jurídica” a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones y reducir la presión sobre las pequeñas y medianas empresas.
Rodríguez Machado remarcó que la exclusión de los funcionarios fue incorporada a partir de propuestas de los bloques dialoguistas y de las negociaciones para alcanzar un consenso que permitiera avanzar con el dictamen.
Unión por la Patria rechazó el proyecto
Durante el debate, Unión por la Patria cuestionó tanto el contenido de la iniciativa como la forma en que se fueron introduciendo modificaciones.
El diputado Carlos Castagneto sostuvo que el oficialismo modificó reiteradamente el texto y aseguró que algunos de los cambios no habían sido conocidos por todos los integrantes de la comisión. “Los libertarios cambian los dictámenes 17 veces como en el Senado”, cuestionó.
Además, Castagneto criticó el alcance del régimen y advirtió que podría limitar las facultades de fiscalización e investigación del Estado.
“No hay condiciones propias de una fiscalización, de una investigación”, afirmó el diputado, quien consideró que la iniciativa podría afectar la recaudación al reducir las posibilidades de control sobre determinados contribuyentes.
Con el dictamen aprobado, el proyecto de Inocencia Fiscal II quedó habilitado para avanzar al recinto de Diputados el 26 de agosto, donde el oficialismo deberá reunir los votos necesarios para convertir los cambios en ley.
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