Desbarataron red de trata en Recoleta: un boliche funcionaba como prostíbulo clandestino

Una investigación judicial que comenzó a partir de una denuncia anónima permitió desarticular una organización dedicada a la trata de personas que operaba en pleno barrio de Recoleta. Según determinó la Justicia, un boliche conocido como “D’Lirio” funcionaba en realidad como un prostíbulo encubierto donde eran explotadas decenas de mujeres.

El caso está a cargo del juez federal Sebastián Casanello, quien procesó sin prisión preventiva a nueve hombres acusados de integrar esta red. La causa se inició en abril de 2022 tras un llamado a la línea 145, destinada a denunciar situaciones de trata y explotación.

De acuerdo con la investigación, el local —ubicado frente al cementerio de la zona— operaba bajo la apariencia de bar, pero en la práctica era un espacio organizado para la explotación sexual. Allí se cobraban sumas elevadas por compartir una mesa con mujeres y luego se pactaban encuentros sexuales que se concretaban en hoteles cercanos.

Las tareas de inteligencia y el análisis de comunicaciones permitieron reconstruir el funcionamiento interno del lugar. Según el expediente, existía una estructura organizada con roles definidos: captación de mujeres, administración del negocio, asignación de clientes y control de ingresos.

Las víctimas, muchas en situación de vulnerabilidad, eran reclutadas principalmente a través de redes sociales mediante falsas ofertas laborales bajo el concepto de “presencias”. Una vez dentro del circuito, quedaban sometidas a un sistema estricto de control, sin posibilidad de retirarse antes del cierre del local.

La investigación también confirmó que entre las aproximadamente 50 mujeres explotadas había menores de edad, lo que agrava las imputaciones. Por este motivo, cinco de los acusados fueron procesados como coautores del delito de trata agravada, mientras que los otros cuatro quedaron imputados como partícipes necesarios.

El esquema incluía un manejo detallado de los ingresos, con registros de consumos, pagos y deudas de los clientes. Se aceptaban múltiples medios de pago, aunque se incentivaba el uso de efectivo. Los encuentros sexuales, según consta en la causa, tenían valores que iban desde los 150 hasta los 500 dólares, de los cuales una parte significativa quedaba en manos de los organizadores.

Como parte de las medidas dispuestas, el juez ordenó embargos sobre los bienes de los imputados por una suma total de 7.800 millones de pesos.

Para la Justicia, quedó acreditado que el lugar no solo funcionaba como un negocio clandestino, sino como un sistema de explotación donde las mujeres eran tratadas como mercancía y expuestas a situaciones de abuso bajo el control directo de la organización.