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Choques entre funcionarios

Al afirmar su "desacuerdo" con la decisión del actual procurador de crear un equipo que investigue a Esteban Righi, el ministro de Justicia tendió un manto de prudencia política.

Las declaraciones del ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, en el sentido de estar en "absoluto desacuerdo" con la decisión del procurador general interino, Luis González Warcalde,  de formar un equipo de fiscales para investigar al ex procurador Esteban Righi, podrían ser consideradas oportunas si tuvieran el carácter de una orden o instrucción del Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y no un valor puramente declarativo, el de una opinión personal.

La cuestión no resulta clara, como en muchas otras cosas que hace este Gobierno, que suele contradecirse con demasiada frecuencia, dando marcha atrás en algunos casos y en otros dejando que se diluyan en el aire o que una determinación final sobre el asunto quede para el futuro. Pero lo que ha sucedido no es cualquier cosa, ya que revela fisuras y choques entre diferentes sectores del Poder Ejecutivo acerca de temas que tienen suma trascendencia institucional.

Como se recordará, Righi fue acusado por el vicepresidente Amado Boudou de influir en investigaciones judiciales en su contra a través del estudio jurídico de la familia del ex procurador, denuncia esta que, al no ser respondida o aclarada por la Presidenta, llevó a Righi a presentar su indeclinable renuncia al cargo. El asunto tiene sus bemoles políticos, ya que Esteban Righi –además de ser unas figuras más emblemáticas del peronismo de los años 1970 en su versión "camporista"– era uno de los funcionarios más respetados en el Gobierno de Cristina Kirchner.

La controversia pareció bajar de tono con el correr de las semanas, pero de pronto se reavivó con la decisión de González Warcalde de designar un equipo de fiscales para investigar al ex procurador. El "caso Righi" ha tocado fuerte a la agrupación juvenil "La Cámpora", uno de los principales sostenedores del Gobierno y del que cuyo seno salieron varios funcionarios que hoy ocupan altos cargos en YPF, Aerolíneas Argentinas y otros organismos estatales. Righi, para "La Cámpora", era casi un intocable, además de ser un ineludible referente histórico para este movimiento camporista-kirchnerista.

Pero, más allá del curso que sigan las cosas, lo cierto es que el episodio comentado ha sido vergonzoso e inaceptable desde el punto de vista institucional. El país tiene demasiados problemas –desde la estatización de YPF hasta las serias dificultades financieras que atraviesan las provincias y municipios– como para permitirse el lujo de estas escaramuzas entre funcionarios del gobierno nacional.

Desde el punto de vista de la política interna del kirchnerismo, hay que decir que resultan más prudentes las declaraciones del ministro Julio Alak que la decisión del actual procurador de nombrar un equipo de fiscales para investigar a Esteban Righi. Pero, en definitiva, es la Presidenta la que tiene la última palabra.